Un estudio presentado este jueves destaca que las propuestas pesentadas ante el Congreso apuntan a la creación de un mercado de comercio de emisiones de carbono valorado en mil billones de dólares, más del doble del tamaño del mercado de la Unión Europea.
Un grupo de economistas advirtió este jueves que las actuales propuestas legislativas para la implantación de un mercado de emisiones de carbono en Estados Unidos aumentarán el precio de la electricidad un 20 por ciento y el de la gasolina 12% para el 2012.
Milo Sjardin, responsable para Norteamérica del grupo de análisis económico New Carbon Finance, autor del informe, señaló que los tres principales candidatos presidenciales estadounidenses, Barack Obama, Hillary Clinton y John McCain, han respaldado la creación en los próximos años de mercados para reducir las emisiones.
Pero Sjardin y sus colegas de New Carbon Finance (NCF) advirtieron de que las propuestas sobre la mesa limitan el comercio de emisiones al mercado doméstico, lo que tendrá graves consecuencias para la economía y el consumidor estadounidense.
El estudio de NCF presentado hoy destaca que las propuestas actualmente ante el Congreso estadounidense crearán un mercado de comercio de emisiones de carbono valorado en mil billones de dólares, más del doble del tamaño del mercado de la Unión Europea.
Además, el sistema provocará el aumento inmediato de los precios de los productos energéticos.
Una tonelada de carbón costará 40 dólares para el 2015, frente a los 15 dólares actuales, y llegará hasta los 45 dólares para el 2020, lo que se traducirá en un aumento del 20 por ciento en el precio de la electricidad, un 12 por ciento de la gasolina y un 10 por ciento del gas natural.
Los sistemas de canje de emisiones propuestos -actualmente hay 13 proyectos de ley sobre el cambio climático ante el Congreso estadounidense-, permitirán que Washington dicte la cantidad de dióxido de carbono y otros gases que pueden emitir las empresas del país.
Aquellas empresas que superen los límites podrán comprar créditos a otras empresas que no lleguen al máximo que le otorgue el Gobierno estadounidense. Pero las empresas no podrán acudir a mercados de canje en el extranjero, lo que según NCF encarecerá de forma innecesaria el sistema.
Michael Liebreich, consejero delegado de New Energy Finance, de la que depende NCF, afirmó que «incluso si la actual administración Bush rechaza todas estas leyes, el próximo presidente no estará tan inclinado a utilizar su veto».
Los dos candidatos demócratas, Obama y Clinton, apoyan un sistema obligatorio que en el 2050 reducirá las emisiones un 80 por ciento comparadas con las de los años 1990. Incluso el republicano McCain es el coautor de un proyecto que reducirá las emisiones un 60 por ciento para el mismo año.
Pero todos se oponen al comercio internacional de emisiones.
Sjardin y NCF creen que es un error. «Creemos que para suavizar la transición a una economía de emisiones limitadas de carbono, cualquier proyecto de ley debería permitir créditos internacionales, actualmente disponibles entre 10 y 20 dólares por tonelada. Esto podría reducirse poco a poco para alcanzar mayores reducciones de emisiones en EE.UU.».
Si las empresas estadounidense pudieses comprar créditos en China o India, a un precio previsible de unos 15 dólares por tonelada, el país se ahorraría 145.000 millones de dólares al año.
Sjardin señaló que son varias las razones por las que EE.UU. no está dispuesto a un mercado internacional de emisiones.
«En primer lugar, seguridad energética. Las reducciones de emisiones domésticas significan un menor consumo de energía en el país y, por lo tanto, menos dependencia de fuentes extranjeras».
«En segundo lugar -añadió-, las inversiones permanecen en EE.UU. en vez de invertir en proyectos como China, India o Brasil. Y, tercero, la compra de créditos en proyectos internacionales tiene mala prensa porque el lobby medioambiental ha planteado cuestiones sobre su efectividad».
Sjardin también se mostró seguro que Estados Unidos impondrá medidas para proteger a los productores nacionales de las importaciones de fabricantes internacionales que no están sujetos a sistemas de reducciones de emisiones de carbono.
«Los principales proyectos de ley ante el Congreso están buscando cómo poner en práctica penalizaciones. Creo que es una gran idea que la Unión Europea debería asumir», afirmó el economista.
EFE
