lunes, 24 de septiembre de 2018 Actualizado a las 13:04

Nuevos cuestionamientos

Contraloría advierte desorden administrativo al interior del Mineduc

por 17 febrero, 2008

Cartera todavía ejecuta un sumario ordenado por el organismo fiscalizador, que objetó gastos realizados en la ejecución del Programa de Financiamiento de la Educación Terciaria Basada en Resultados. En el ministerio aseguran no haber recibido un primer oficio que ordenó la investigación, pero que se están poniendo al día tras dictamen emitido en enero.
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Nuevos cuestionamientos recaen sobre el Ministerio de Educación (Mineduc). A las deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República en la entrega de subvenciones, se suma otro informe del organismo fiscalizador que detectó un desorden administrativo en la ejecución de otro programa a cargo de la cartera.



En concreto, se trata de gastos no correspondientes al Programa de Financiamiento de la Educación Terciaria Basada en Resultados, financiado en parte por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).



Según la fiscalización realizada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007, cuyo informe final fue emitido el pasado 14 de enero, el monto asciende al menos a $ 5.470 millones, repartidos bajo la modalidad de suma alzada; fondos con los que se encomendaron realizar labores ajenas al proyecto, sino que correspondían a la Unidad de Regulación del Departamento de Formación Técnica, de la División de Educación Superior.



La misma situación ya había sido constatada por el organismo fiscalizador en un informe que derivó en la solicitud de una investigación sumaria el 23 de noviembre de 2007, lo que hasta la fecha no se ha concretado, según se admitió al interior de la cartera.



"Si esta situación se mantiene en el tiempo y no se inicia por esa Secretaría de Estado el procedimiento de rigor, esta Contraloría General se verá en la obligación de perseguir la responsabilidad administrativa de quienes han incumplido esa orden", advirtió el organismo.



Frente a esto, en el Mineduc explican que la entrega del segundo informe coincidió precisamente con el cambio en el cargo de subsecretario, rol que asumió Cristián Martínez (PS) en reemplazo de Pilar Romaguera (independiente pro PS). Y dado el período de adaptación, algunas gestiones se habrían retrasado, según se indicó.



Lo que no queda claro, es que la primera petición de realizar un sumario se hizo en noviembre del año pasado, en cuya fecha no hubo enroques que pudieran imposibilitar el requerimiento. Ante esta consulta, la explicación es que simplemente el oficio de enero es el primero sobre el que tienen conocimiento



Desorden y descoordinación



Otro de los puntos se relaciona con el desorden en el registro de los movimientos financieros contables relativos al convenio, ítem para el cual el Mineduc mantiene habilitado un catálogo de complemento al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe), donde controla los gastos en forma global. A pesar de ello, los estados financieros entregados al Banco hasta el 30 de junio de 2007 "no fueron preparados con esta información".



Y además, "los gastos operacionales presentados no corresponden a la metodología de declaración de gastos efectivos, tal como lo requiere el BIRF".



Incluso, se acusa falta de coordinación entre la información financiera relativa a los gastos que arroja la unidad de administración del proyecto y el Sigfe. Y como botón de muestra, se consigna la diferencia en gastos en honorarios de suma alzada: según la unidad administrativa del proyecto asciende a $ 227.929 millones y según el Sigfe alcanza $ 101.865 millones.



Por otra parte, el informe señala que no se efectuaron los registros de las operaciones en relación con el devengamiento de contratos, con el objeto de reflejar correctamente al cierre de cada ejercicio las cuentas por pagar la institución.



Y por último, que "sigue sin ponerse en práctica el hecho de autorizar el inicio de las actividades de toda prestación de servicios solo una vez tramitado y aprobado el correspondiente documento legal que permita cursar los respectivos pagos, como así también lo relativo a velar por el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos tanto en materia de productos, plazos de entrega y fechas de término".

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