Gobierno buscaba ganar tiempo ante la inminencia de una acusación constitucional. La formulación de cargos incluye dos sugerencias contra la funcionaria Franka Grez, querellada ante el Ministerio Público, y dos imposiciones de multa. Ex jefe de la Seremi debe esperar que el organismo fiscalizador tome razón de lo decidido por la ministra para presentar reconsideración.
Aunque se trató de una finísima formalidad discursiva, la ministra de Educación, Yasna Provoste, no mintió. El viernes pasado, cuando interrumpió sus vacaciones, explicó que el ex seremi del ramo Alejandro Traverso había presentado su renuncia, pero que dejaría el cargo formalmente una vez que la Contraloría resolviera una reconsideración a la propuesta de destitución.
Lo que la secretaria de Estado omitió, como una forma de ganar tiempo tanto para ella como para La Moneda, fue que había destituido a Traverso, acogiendo la sugerencia del órgano fiscalizador, asumiendo la existencia de graves irregularidades detectadas en la Seremi Metropolitana y el desorden en la entrega de subvenciones escolares. Eso permitió que un grupo de sostenedores se aprovechara recibiendo dobles pagos, cuestión que hoy es investigada por la Fiscalía Centro Norte.
Pero lo peor era que el documento que recibió Provoste el pasado 5 de febrero, cuando se reunió con el contralor Ramiro Mendoza, es que se establecía una suma de gastos no aclarados por más de $ 250.000 millones, ya fuera por atrasos o errores.
La decisión de Provoste contó con el apoyo de La Moneda y la mesa de la Democracia Cristiana, ya que el embate político será grande para la Concertación. Esto, debido a que Traverso es el primer funcionario de peso político cuyo cargo mantiene desde la era de Lagos destituido en el gobierno de Bachelet. Y hay que tomar en cuenta que una parte de discurso de la derecha se ha basado en la palabra corrupción.
Camino al infierno
La historia que está detrás de la destitución comenzó con la investigación que hizo la Contraloría que detectó graves irregularidades tanto en la Seremi como en el programa de Chile Califica.
El organismo presentó una denuncia al Ministerio Público, como también lo hizo el propio Traverso. En junio de 2007, por su parte, lo hizo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por malversación de caudales públicos en contra de funcionarios medios.
Sin embargo, a poco andar, del desorden administrativo y los dobles cheques por asesorías se pasó a los delitos en las subvenciones. Hasta ese momento, todo era secreto.
Pero como no hay tiempo que no se cumpla, el jueves pasado El Mostrador.cl reveló el informe final de la Contraloría que evidenciaba las irregularidades y todo prendió. El organismo pedía la destitución de Traverso, una doble destitución a Franka Grez -funcionaria de la Seremi querellada ante el Ministerio
Público- y dos imposiciones de multa, en el marco de la suma ya señalada.
Si la Contraloría rechaza la reconsideración de Traverso, deberá pasar cinco años sin poder trabajar en el Estado y pedir, una vez cumplida la sanción, la revocación al Presidente de la República que esté en ejercicio.
Lo único claro, en todo caso, es que el informe final de la Contraloría no establece ninguna responsabilidad de parte de Provoste, aunque si bien es cierto importa en términos formales, en lo político le servirá a la derecha para engrosar su convicción de recurrir por la vía de la acusación constitucional.
La secretaria de Estado regresa este jueves de sus vacaciones, atendida las críticas por no estar al frente de la crisis y la recomendación del propio vicepresidente de la DC, Jorge Burgos.
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