Si bien la Alianza ganará en su imagen de fiscalización, José Miguel Izquierdo advierte que ello no necesariamente es considerado en las elecciones, por lo que el sector debe también hacer propuestas en otros ámbitos. En tanto, Bachelet pidió »moderar el tono» del debate aludiendo al caso subvenciones.
Cada vez adquiere más cuerpo al interior de la Alianza el hecho de que la presentación de una acusación constitucional contra la ministra Yasna Provoste es positiva para el sector, pese a que esta línea de acción no necesariamente le reportará dividendos electorales, según un análisis realizado por el experto del Instituto Libertad -ligado a Renovación Nacional-, José Miguel Izquierdo.
Si bien el analista político es un entusiasta promotor de la idea, hace una lapidaría conclusión respecto al efecto que pueda tener una acusación constitucional para la derecha -electoralmente hablando- y en el contexto de que en octubre se efectuarán los comicios municipales: "La corrupción, en Chile, no ha determinado la forma en que las personas votan".
Para Izquierdo está claro que en democracia "se han dado a conocer muchos casos de corrupción, y va aumentando lo que conocemos de ella, pero la intención de voto se ha movido por otro tipo de razones más relacionadas con posturas económicas, tipos de acuerdos de las coaliciones, entre otros".
"Entonces, evidentemente, el fenómeno de la corrupción de la Concertación está impactando más en la desafección, o sea, hay cada vez más gente diciéndonos que no se siente representada por ninguna coalición. Y se traduce más que en un voto de castigo, en un voto de abstención", explicó.
¿Caballo inglés?
A pesar de esto, el cientista político cree que hay un importante aspecto a favor de que la derecha realice la acusación constitucional y no se quede sólo en la amenaza. Ello, porque el beneficio de fondo para el sector es que "más allá de mostrarse haciendo bien la pega en fiscalización, también puede demostrar que hace bien la pega en entregar propuestas y soluciones".
Es decir, realizar un complemento entre las tesis del "Desalojo" -del senador Andrés Allamand- y la del "Nuevo Trato" -planteada por Sebastián Piñera-, cuestión que a su juicio se viene dando en la práctica desde el año pasado, cuando la derecha y el gobierno llegaron a una serie de acuerdos en Educación y Seguridad Ciudadana. Pero que debe quedar más en evidencia ahora, ya que estima que aún con acusación constitucional de por medio, la Alianza debe cumplir con los acuerdos en Educación. La labor -dice- se debe efectuar de forma paralela.
De hecho, José Miguel Izquierdo plantea que "una de las cosas que tiene que aprender la derecha es la convivencia de esas dos fórmulas (desalojo y nuevo trato). Esto, en el fondo, es una prueba de fuego para demostrar que sí es posible, como dice el gobierno, seguir adelante en la negociación de agendas tipo Pérez Yoma, y a la vez hacer los cambios institucionales que se requieren para tener transparencia".
Bájame las luces…
Mientras tanto, la Presidenta Michelle Bachelet -quién retomó sus actividades en La Moneda ayer lunes- instó a los políticos a moderar el tono de sus declaraciones y de paso intentó tranquilizar a quienes han manifestado sus dudas de que el gobierno actúe para sancionar a los responsables de lo ocurrido en el Mineduc.
"Espero que los actores políticos moderen sus declaraciones , porque quienes atentan contra los intereses del Estado, especialmente cuando estamos hablando de recursos para la educación, merecen recibir todo el castigo y el rigor que contempla la ley ", dijo la Mandataria en una actividad en la Línea 5 del Metro.
Acto seguido Bachelet aclaró que la defensa de los intereses del Estado no es patrimonio de ningún sector político, "ni de la Alianza, ni de la Concertación, ni de ningún bloque político en particular. Este es un concepto que está en el pensamiento de la mayoría de Chile. Bajo esa línea el gobierno se ha movido y nos vamos a seguir moviendo".
