El precandidato presidencial del Partido Socialista lamentó que al verificarse episodios de esa índole la derecha »eche todo en un mismo saco, crucifique y juzgue en los medios bajo su control antes que los tribunales y enlode a todos sus adversarios». De acuerdo a su postura, es necesario perseguir y tipificar también formas de »corrupción política» dadas por el nexo entre poder y dinero.
El precandidato presidencial del Partido Socialista Jorge Arrate lamentó la instrumentalización que la derecha ha hecho de los casos de corrupción descubiertos durante las sucesivas administraciones concertacionistas, a propósito de la acusación constitucional que se prepara desde la oposición contra la ministra de Edeucación, Yasna Provoste, por el escándalo de las subvenciones escolares.
Para el ex ministro, "la derecha tiene un control casi total de los medios. Sus principales caballos fina sangre son la delincuencia y la corrupción. Para el primero, recomienda construir más cárceles e ignora toda contextualización social del fenómeno. Para el segundo, echa todo en un mismo saco, crucifica y juzga en los medios antes que los tribunales y enloda a todos sus adversarios. Me inquieta mucho la suerte de indefensión del Gobierno y de la Concertación. Al final terminan bailando al son que la derecha les toca. El tema de la corrupción no terminará y podría ser bueno que así sea si no fuera un mezquino recurso político y, en cambio, abordara la corrupción en su real perspectiva".
Respecto del escándalo en el Mineduc, sentenció que si bien "el uso ineficaz o descuidado de recursos públicos es un hecho grave", de momentos no existen antecedentes para tildarlo de falta de probidad, al tiempo que aclaró que no era su intención "defender al renunciado jefe metropolitano de la Seremi, Alejandro Traverso, por ser compañero de partido, sino de precisar los términos. Una cosa es ineficiencia; otra, corrupción".
De acuerdo al también académico, hay áreas de responsabilidad pública que han sido delegadas en privados que reciben subsidio del Estado, como la educación, el sistema de pensiones, la atención de los accidentes del trabajo, los servicios de bienestar de muchos empleados y la salud en manos de las isapres.
"Dichas funciones públicas delegadas en privados deben ser examinadas con la misma lupa que lo público-público. Estas instituciones se manejan con una liberalidad excesiva. Deben ser adecuadamente fiscalizadas. Podría extenderme señalando casos en que esa liberalidad perjudica a sus usuarios o beneficiarios", sentenció.
La clave, continuó Arrate, es perseguir y tipificar formas de "corrupción política", que a su parecer se dan, por ejemplo, cuando un alto dirigente de un partido es también presidente de una empresa que licita con el Estado o la acción de trasladarse velozmente del Estado a directorios privados de empresas con las que ha habido relación como funcionario público, los cuales han existido en el PS, aseguró.
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