Aludiendo al caso Rocha, el legislador dijo que existen actualmente «normas legales vigentes clarísimas, que hacen ilegal la gestión policial en manos de privados».
El diputado Jorge Burgos (DC) pidió este miércoles al Gobierno que vele por el cumplimiento de la ley y se termine con la impunidad que ha permitido que personas, a través de distintos medios, ofrezcan servicios de vigilancia y seguimientos a terceros, calificándolos de «espionaje».
Burgos formuló estas declaraciones en la sala de la Cámara, pidiendo directamente a los ministerios del Interior, Defensa y al Ministerio Público que adopten todos los resguardos posibles frente a lo que calificó como hechos graves y que no pueden seguir ocurriendo en el país.
El legislador hizo el planteamiento al confirmar que el ofrecimiento, pública y privadamente, de técnicas de vigilancia y seguimiento a personas por privados y la venta de armas como gases paralizantes y similares constituyen un ilícito.
«En Chile nadie puede seguir a otras personas, sólo las policías, y aún así, se requiere una orden judicial. Cuando ocurre estos hechos.- refiriéndose al caso Rocha- se suele decir que es necesario dictar una nueva legislación, probablemente en materia de seguridad privada habrá que hacerlo, pues existen debilidades; pero, lo cierto es que hay normas legales vigentes clarísimas, que hacen ilegal la gestión policial en manos de privados» .
El parlamentario, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, citó la ley dictada en octubre del año 2004, mediante la cual se creó la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, explicando que, en su artículo 22, esta ley establece que la inteligencia policial es una función exclusiva de carabineros y la policía de investigaciones.
Se agrega que en los procedimientos especiales de obtención de información, cuando ésta no pueda ser obtenida en fuentes abiertas, «se podrá utilizar otros procedimientos, limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contra inteligencia, para resguardar la seguridad nacional, y proteger a Chile de amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico».
Agregó que se establece, además, que «quienes, sin ser parte del sistema de inteligencia del estado, realicen estas funciones.serán castigados con presidio menor».
Junto con reiterar su preocupación por estos hechos, reiteró que «estamos en presencia de delitos claramente tipicados por la ley; nadie puede porque sí grabar o interceptar conversaciones telefónicas ni radiales ni a través de otro soporte tecnológico, ni mucho menos ofrecen armas así como así. Los que ofrecen estos servicios lo hacen cometiendo un delito y la autoridad debe aplicar la ley. No se puede quedar en la inacción frente al ofrecimiento de estas técnicas», concluyó.
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