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Caso PGE: Formalizan por estafa al diputado Rodrigo González

por 7 marzo, 2008

El legislador desestimó las acusaciones en su contra formuladas por el fiscal Leonel González por el supuesto desvío de fondos a su campaña política.
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Por el presunto delito de estafa fue formalizado este viernes ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso el diputado del PPD Rodrigo González, en el caso del supuesto desvío de fondos a campañas políticas desde el Programa de Generación de Empleo (PGE) de la Quinta Región.



Los cargos contra el legislador, cuya militancia en el Partido por la Democracia permanece suspendida, los efectuó el fiscal Leonel González, quien estableció que los fondos involucrados llegarían amás de 15 millones de pesos.



El representante del Ministerio Público acusa al parlamentario de gestionar los cupos para el PGE y seleccionar a quienes participarían como activistas de su campaña el año 2005.



Rodrigo González en tanto, y en declaraciones difundidas por la radio Cooperativa, desestimó los cargos en su contra, atribuyendo la responsabilidad de todo a la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y los respectivos contratistas.



"¿Quién es responsable de ver si eso trabajadores reúnen los requisitos? El seremi del Trabajo o bien el contratista, pero yo no puedo saber si las personas que fueron propuestas por dirigente vecinales, que tenían problemas de trabajo, reunían o no reunían lo requisitos, los dirigentes tampoco podían saber", dijo.



La investigación de este caso se extenderá por cuatro meses, durante el cual la Fiscalía periciará más de 300 cheques girados por el administrador financiero de la campaña.



En tanto, el Ministerio Público no pudo solicitar medidas cautelares contra el diputado, por el hecho de no haber sido desaforado, como sí lo hizo en el caso de la diputada Laura Soto -también del PPD y con su militancia suspendida- a quien la justicia despojó de su inmunidad parlamentaria.



Laura Soto fue formalizda por el mismo caso el pasado 14 de febrero, aunque en esa oportunidad se rechazaron las medidas cautelares solicitadas que pedían una orden de arraigo en su contra.

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