Aunque el ministro del Interior lo desestimó, algunos parlamentarios de la Concertación hablaron de la posibilidad de acusarlo constitucionalmente. Y en privado le han llovido las críticas a quien promovió su nombre para el puesto, el ministro socialista José Antonio Viera-Gallo. Esto pues se estima que la Contraloría puede ser un nuevo flanco de problemas al hacer públicas sus investigaciones de irregularidades en el Estado.
Con la presentación de la Acusación Constitucional contra la ministra de Educación ad portas, luego de que se hiciera público el informe de Contraloría por el Caso Subvenciones, en La Moneda y el oficialismo ya calculan que el órgano fiscalizador de los actos de la administración puede convertirse en un nuevo flanco político, instalando los casos de corrupción como tema central de la agenda. Y todo en el comienzo de un bienio electoral, donde además hay una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
Por esta razón es que desde hace unos días el discurso hacia el contralor general de la República, el abogado Ramiro Mendoza, ha ido subiendo de tono. Indicador de esto son las duras críticas y quejas que ha recibido desde su partido quien promoviera su nominación en el puesto, el ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera Gallo (PS).
Otro síntoma fueron las voces que aparecieron en la Comisión de Educación de la Cámara, que este martes recibió a Provoste, donde fue duramente inquirida por la Alianza y apoyada por la Concertación. Allí los murmullos de "cambiemos al contralor" resonaron como las veladas advertencias en medio de lo que la literatura política ha dado llamar la "pax armada".
Este miércoles, como un trascendido de pasillo, en la DC se volvió a escuchar el mismo discurso, pero esta vez con el ingrediente de la acusación constitucional, única forma de sacar de su puesto al contralor, según fue recogido por el diario La Tercera.
Recadito
Pero ayer, en una señal clara que revela la dirección de La Moneda, el ministro del Interior, el DC Edmundo Pérez Yoma, le mandó un recado a Ramiro Mendoza, señalándole que "le haría bien al país" que acelerara el pronunciamiento que debe entregar la contraloría sobre el desorden en la conciliaciones bancarias de la seremía de Educación, uno de los problemas que enfrenta la cartera de Yasna Provoste y que terminaron con la renuncia del PS Alejandro Traverso.
Pérez Yoma dejó en claro que si bien la acusación está dentro de las atribuciones que le otorga el ordenamiento constitucional, actualmente no habría piso para ello.
El conjunto de dichos y trascendidos sobre el malestar respecto a sus actuaciones buscarían que Ramiro Mendoza llegué, en términos políticos, "golpeado" y "ablandado" el próximo miércoles a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En esa oportunidad Mendoza aclarará las dudas de la Alianza respecto a por qué la secretaría de Educación no ha entregado la documentación de los períodos 2004 y 10 meses de 2005 para aclarar las anomalías por 262 mil millones de pesos que la Contraloría estimó habían en la administración de Traverso.
En este contexto, fuentes de la Contraloría explicaron que como organismo técnico no les corresponde emitir opinión sobre los dichos políticos y que todas las incógnitas sobre el tema de las subvenciones y las conciliaciones bancarias quedarán aclaradas el miércoles en la presentación del Contralor. El nivel de solidez y contundencia de los argumentos esgrimidos por Mendoza en esta presentación marcará decisivamente el clima en el cual la ministra de Educación enfrentará la Acusación Constitucional en su contra, y eso en La Moneda lo saben.
Un dato desconocido de Mendoza es que tiene un hermano abogado, hijo del primer matrimonio de su padre, que era militante socialista. En 1973 fue nombrado interventor por el gobierno de Allende, poco días antes del Golpe. Cuando las fuerzas armadas tomaron el poder se asiló en una embajada y partió a Europa, donde vive hasta ahora.
