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Caso Subvenciones: fiscalía allana domicilios de futuras imputadas

La pesquisa que afectó a la ex funcionaria Franka Grez y dos mujeres que recibieron pagos sin ser sostenedoras tuvo como objetivo indagar información relativa al escándalo en la Seremi de Educación de la Región Metropolitana. Investigación encomendada por perseguidora penal Alejandra Bravo se tramita desde diciembre de 2006.


La fiscal Alejandra Bravo allanó este lunes tres domicilios en distintas comunas de Santiago de personas relacionadas a la investigación que tramita por el caso Subvenciones y que serían formalizadas el 17 de marzo próximo.



La diligencia del Ministerio Público Centro Norte afectó a la ex funcionaria de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana Franka Grez, quien está querellada por el propio Mineduc por fraude al Fisco.



La pesquisa fue liderada por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil, que también se presentaron en los hogares de Carmen Muñoz Zelada y Gladys Audala, quienes recibieron dineros públicos sin estar validadas como sostenedoras.



La intención de la perseguidora penal era encontrar en los domicilios de estas personas algún tipo de información que aporte a la indagatoria que tramita desde diciembre de 2006.



En el marco de la Reforma Procesal Penal, los fiscales tienen amplias prerrogativas para llevar a delante sus causas, entre ellas allanamientos tradicionalmente privados a crímenes de sangre o drogas, como también intercepciones telefónicas antes sólo permitidas para causas de narcotráfico y terrorismo.



La causa incoada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago es la resultante de la investigación que realizó la Contraloría en la repartición ministerial, en la que se descubrieron irregularidades contables y desorden administrativo, caldo de cultivo para la comisión de delitos entre funcionarios de la entidad y privados ligados a establecimientos subvencionados.



En este mismo caso es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), aunque por el delito de malversación de caudales públicos, desde junio de 2007.



Si bien en círculos del Mineduc y el Gobierno se ha criticado la tardanza para sacar adelante esta indagatoria, lo cierto es que los fiscales tienen distintos estilos de investigación.



Mientras algunos formalizan la investigación y los imputados con los primeros antecedentes que tienen para constituir la presunción y existencia de un ilícito, otros reúnen una cantidad considerable de pruebas para que una vez imputados los cargos la sentencia tarde menos en ser dictada.

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