Aunque el Departamento de Estado destacó que la Constitución chilena prohíbe la tortura y los tratamientos o castigos crueles o degradantes, señaló que «hubo informes aislados de abusos y malos tratos a manos de Carabineros, la Policía de Investigaciones y los funcionarios carcelarios».
El gobierno de la Presidenta Bachelet respetó en general los derechos humanos de sus ciudadanos durante 2007, aunque hubo informes aislados de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y abusos en las cárceles, según afirmó este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sin embargo el documento sostiene que "la violencia doméstica contra las mujeres y los niños fue común y generalizada», explicando que "hubo incidentes de tráfico de personas desde, hacia y dentro del país».
En Chile, apuntó Estados Unidos, «algunos pueblos indígenas sufrieron discriminación, y muchos niños trabajaron empleados en la economía informal».
Aunque la Constitución chilena prohíbe la tortura y los tratamientos o castigos crueles o degradantes «hubo informes aislados de abusos y malos tratos a manos de Carabineros, la Policía de Investigaciones y los funcionarios carcelarios».
Asimismo el informe del Departamento de Estado señala que los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay también respetaron, en términos generales, los derechos humanos el 2007.
En cuanto a Argentina, el voluminoso informe asegura que «no hubo informes de desapariciones por motivos políticos».
Agregó que «continuaron los procesos judiciales relacionados con los asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por el régimen militar entre 1976 y 1983».
El informe señaló que en Argentina «los medios de prensa independientes son numerosos y activos y expresaron durante el año pasado una amplia gama de opiniones sin restricciones».
También el gobierno paraguayo «respetó en general» los derechos de sus ciudadanos el año pasado, pero el Departamento de Estado apuntó que «hubo abusos graves en algunas áreas».
«Hubo informes de asesinatos perpetrados por policías y soldados, que fueron investigados por el Gobierno, pero rara vez hubo procesamientos», añadió.
«Algunos delincuentes condenados y otras personas detenidas, además de algunos proscritos, fueron sometidos a torturas y abusos por las autoridades».
El año pasado no hubo en Paraguay asesinatos por motivos políticos pero «las fuerzas de seguridad mataron a varias personas que estaban detenidas, o hicieron uso excesivo de la fuerza».
En Uruguay, las autoridades civiles mantuvieron el año pasado «en general, un control eficaz sobre las fuerzas de seguridad, y respetaron los derechos de sus ciudadanos», en opinión del Departamento de Estado.
Pero «la violencia contra las mujeres y la discriminación contra algunos grupos de la sociedad siguieron desafiando las políticas del gobierno», agregó el informe, que también apuntó que en ese país hubo algunos casos de tráfico de personas.
«El gobierno siguió investigando las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1985», apuntó el informe.
La Constitución uruguaya prohíbe la tortura y los tratamientos degradantes y el año pasado «no hubo informes de que los funcionarios gubernamentales las hayan empleado».
«Las condiciones en las prisiones siguieron siendo deficientes ya que las instalaciones anticuadas no tienen mantenimiento adecuado», agrega el informe.
El informe anual que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos envía al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo, sirve para la consideración legislativa de la ayuda económica y militar estadounidense a otros países.
EFE
