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Preocupación en el Gobierno

Tribunal Constitucional, a un paso de prohibir la píldora del día después

por 14 marzo, 2008

De los nueve miembros que deben firmar el fallo, el cálculo indica que cuatro están a favor y otros tantos en contra. La balanza la inclinará el ministro Marcelo Venegas, ex director de Dinacos en 1986 y otrora asesor del senador RN Sergio Romero.
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A los fracasos que ha vivido el Ejecutivo en los últimos meses podría sumarse uno nuevo en las próximas semanas. Y es que el comentario obligado en algunos círculos de Gobierno es que el Tribunal Constitucional (TC) acogerá el requerimiento presentado por la derecha que prohibirá la píldora del día después en el sistema público de salud y por extensión su venta en farmacias.



El escenario actual es complejo, ya que en La Moneda han hecho cálculos sobre cómo viene la votación que son coincidentes con la versión que entregó uno de los ministros del TC a El Mostrador.cl.



El uso, venta y distribución de la anticoncepción de emergencia, ha sido uno de los grandes debates valóricos y judiciales de 2000 en adelante, y que ha provocado divisiones en el seno del oficialismo entre la Democracia Cristiana y el bloque PS-PPD.



El peso de la noche



Hasta ahora, de los diez miembros de la instancia sólo uno de ellos se inhabilitó -Enrique Navarro-, ya que había emitido opinión contraria al fármaco antes de analizar el fondo del recurso. Pero Raúl Bertelsen, el ex rector de la Universidad de Los Andes, y que estaba en la misma situación, no lo hizo.



Según una fuente del TC, la votación del ala conservadora está compuesta por Bertelsen, el DC Mario Fernández, Marisol Peña, y José Luis Cea Egaña.



El lado contrario, es decir, los que rechazarían la presentación de la derecha, está conformado por Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y el DC Jorge Correa Sutil.



Por esta razón ambos bandos están peleando el voto de Marcelo Venegas Palacios, quien será en definitiva el fiel que inclinará la balanza.



El currículum de Venegas indica que debiera alinearse con el sector conservador, pues trabajó en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) durante el régimen militar y fue director del organismo censor de Pinochet, la Dinacos, en 1986.



En 1997 Venegas fue asesor legislativo del senador Sergio Romero cuando este presidía la corporación, y también trabajó en el Instituto Libertad, lo que indica su cercanía a Renovación Nacional.



Abogados que lo conocen, en todo caso, explicaron a este medio que, pese a las claras señales que apuntan hacia dónde irá su voto, reconocen que su pensamiento se identifica más con lo que fue el viejo Partido Nacional, y por ende con un sustrato republicano, más que con el integrismo valórico estilo Opus Dei.



De cumplirse el vaticinio, la Presidenta Michelle Bachelet se encontrará con un importante obstáculo en aras de generar condiciones de reconocimiento a los derechos de las mujeres, uno de sus principales ejes de gestión.



La larga batalla judicial



El conflicto público por la píldora se inició en 2001 con la presentación de un recurso de protección de parte de agrupaciones autodenominadas pro-vida, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue zanjado negativamente para la distribución del fármaco -llamada Postinor- por la Tercera Sala (Constitucional) del máximo tribunal.



Una de las anécdotas más sabrosas de aquel episodio ocurrió precisamente cuando se conoció el fallo. En esa oportunidad, el entonces fiscal del Instituto de Salud Pública (ISP) que también era parte en este caso, Guillermo Arenas -actual director del Registro Civil- dio a conocer que a contar de ese mismo día se autorizaba la venta de un medicamento igual al Postinor, pero llamado Postinor-2.



La estrategia de interpretación jurídica de la autoridad era que cuando la justicia resuelve sobre la conculcación de un derecho, ese dictamen no se hace extensivo a otros hechos.



Con el paso del tiempo hubo otras iniciativas ante el Poder Judicial que buscaban prohibir la píldora, pero las organizaciones "pro-vida" las perdieron una tras otra.



En 2007, 36 diputados de la derecha recurrieron al TC invocando que la venta de la píldora conculcaba el derecho a la vida consagrado en la Constitución Política. La presentación fue acogida a tramitación y ya se efectuaron los alegatos. Ahora sólo faltan las firmas a un documento que podría cambiar el eje de mayor apertura y liberalismo que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años.

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