En la sentencia, de más de 200 páginas, magistrada de la Corte de Apelaciones Valdivia condenó a presidio perpetuo al coronel retirado Adrián Fernández y a 15 años de cárcel al general retirado Nelson Rodríguez y al ex teniente coronel Antonio Baros.
La jueza de la Corte de Apelaciones Valdivia Ema Díaz Yévenes condenó a penas de presidio a 24 ex carabineros por su responsabilidad en la desaparición, tortura y homicidio de 31 víctimas de la dictadura militar ocurridos en la ciudad de Osorno, en el sur del país, en septiembre y octubre de 1973, informaron este martes fuentes judiciales.
La resolución es hasta ahora la más numerosa resuelta en la historia de los juicios por la represión militar, precisaron las fuentes.
En la sentencia, de más de 200 páginas, la magistrada condenó a presidio perpetuo al coronel retirado Adrián Fernández y a 15 años de cárcel al general retirado Nelson Rodríguez y al ex teniente coronel Antonio Baros.
De los 21 suboficiales restantes, 5 fueron condenados a 20 años de presidio, 2 a 15 años, 1 a 5 años y 13 recibieron penas de 4 años.
En el fallo la jueza Díaz denegó aplicar amnistía y prescripción a los autores, cómplices y encubridores, y además incluyó penas por tortura de nueve prisioneros sobrevivientes.
La mayoría de las víctimas vivían en la ciudad de Osorno, a 942 kilómetros de Santiago, y en las localidades vecinas de La Unión, Entre Lagos, Puerto Octay y Bahía Mansa.
De las 31 víctimas, además de las nueve por tortura, 14 corresponden a detenidos desaparecidos, la mayoría de ellos miembros de los partidos Comunista y Socialista y eran obreros; otros 7 fueron ejecutados y sus cuerpos fueron recuperados por sus familiares.
La entonces alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Valderas Garrido, fue la única sobreviviente de los asesinatos, por lo que la jueza dictó pena por homicidio frustrado.
Según consta en la investigación después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y hasta octubre de ese año las víctimas fueron detenidas por Carabineros del cuartel de Rahue, en Osorno y posteriormente llevadas a un puente del río Pilmaiquén, donde fueron fusiladas y sus cuerpos arrojados al río.
No obstante, el fusil con que dispararon contra Blanca Valderas se trabó, por lo que el policía la golpeó y la lanzó al río. La alcaldesa nadó y llegó hasta una casa donde se refugió y estuvo escondida cinco años, incluso de sus hijos, y usó otra identidad.
Sin embargo, Joel Fierro, esposo de Valderas, no tuvo la misma suerte y hasta hoy está desaparecido.
El caso de la alcaldesa de Entre Lagos fue el primer testimonio prestado por una sobreviviente en la Vicaría de la Solidaridad, creada por la Iglesia Católica chilena para la defensa de los derechos humanos.
La causa fue impulsada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, como parte querellante.
EFE
