El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú efectuará los trámites ante los tribunales chilenos, que deberán determinar si procede o no la solicitud.
La Corte Suprema de Perú aprobó solicitar a Chile que amplíe la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori por el presunto uso indebido de dinero del Estado para mantener en la clandestinidad a un empresario, confirmaron este lunes fuentes judiciales.
La ampliación de la solicitud de extradición será remitida al Ejecutivo para que la Cancillería haga los trámites ante la Justicia chilena, que deberá determinar si procede o no la extensión del pedido, señaló un portavoz judicial.
La Fiscalía señala que el empresario Alfredo Zanatti fue parte de un complot planeado por Fujimori (1990-2000) para acusar en 1995 al actual presidente peruano, Alan García, de haber recibido sobornos durante la licitación para la construcción de un tren eléctrico durante su primer Gobierno (1985-1990).
En 2001, Zanatti denunció, a través de un video, que fue chantajeado por el Gobierno de Fujimori para que implicara a García en las graves denuncias de corrupción.
El empresario, que fue amigo de García, afirmó que fue detenido en 1995 de forma «arbitraria» en Costa Rica y luego trasladado a Lima por las autoridades peruanas, que le mantuvieron «retenido ilegalmente» durante otros tres meses en una vivienda.
En 2006, la justicia peruana condenó a Zanatti a cuatro años de prisión condicional y al pago de 20.000 nuevos soles (unos 7.100 dólares) por concepto de indemnización al Estado por formar parte de esta supuesta trama contra García.
También, condenó a ocho años de prisión al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Julio Salazar Monroe, quien supuestamente coordinó con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para traer a Perú al empresario en 1995.
Alberto Fujimori (1990-2000) fue extraditado desde Chile en septiembre pasado por dos casos de violaciones a los derechos humanos y cinco de corrupción.
Desde diciembre, Fujimori afronta un juicio por el asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de 1992.
El ex presidente ya fue condenado en diciembre pasado a seis años de prisión por el caso del allanamiento ilegal de la casa de la esposa de Montesinos.
EFE
