La magistrada avanza en el caso que afecta al actual embajador en España y ex vocero de Ricardo Lagos, por las asesorías que aparece cobrando a Gendarmería entre 2002 y 2004, pero que no se habrían realizado nunca. La idea es despejar quienes y por qué encargaron esos trabajos, donde además se habrían falsificado las firmas.
El actual jefe de personal de Gendarmería y dos ex funcionarios que ocuparon el mismo puesto en administraciones anteriores deberán prestar declaración ante la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Ximena Sumonte. Ella investiga los pagos hechos al actual embajador en España, Osvaldo Puccio, por asesorías efectuadas entre el 2002 a 2004, donde habrían firmas falsas.
La semana pasada el teniente Fernando Berna del OS-9 de Carabineros, a cargo de las pesquisas ordenadas por la magistrada, notificó al actual jefe de esa instancia del servicio de prisiones, Mauricio Pino. Este último, en todo caso, es requerido por la jueza con el fin de que declare como testigo para que explique cómo funciona el sistema de contrataciones y pagos dentro de la institución.
Pero al mismo tiempo, deberán prestar declaración Gonzalo Torrealba, que estuvo a cargo del personal en el período de Alfredo Bañados, a quien le pidió la renuncia el actual ministro de Justicia Carlos Maldonado.
Junto con Torrealba también deberá concurrir el jefe de personal del ex director Juan Carlo Pérez, en cuyo período Puccio recibió los pagos por la asesoría, y algunos de cuyos informes están escritos y firmados por otras personas, que hasta ahora no han sido identificadas.
Step by step
La magistrada, que continúa ahondando en la querella presentada en enero pasado por la UDI, anteriormente había solicitado los contratos del diplomático para saber sobre las fórmulas utilizadas, lo que se relaciona con esta nueva diligencia.
Una de las dificultades que tiene este caso para el gobierno es que ya entró a tallar el Consejo de Defensa del Estado (CDE). De hecho la semana antepasada el comité penal del organismo analizó los antecedentes que constan en la causa, así como también el informe que en enero pasado emitió la Contraloría General de la República.
A partir de esos hechos los abogados encargados del caso preparan un informe jurídico que, por el cargo que ocupa hoy Puccio en el servicio exterior chileno, se torna políticamente complejo. Por esta razón, las chances para presentar una querella criminal apuntan a identificar quienes decidieron la realización de los contratos en Gendarmería, otro punto que apoya la decisión de la jueza de citar a los jefes de personal.
Para el caso de Puccio, el CDE preferiría la figura legal de "quienes resulten responsables" endosándole la responsabilidad de encausarlo a la magistrada Sumonte.
Pero también está la vía civil para que Puccio devuelva los dineros que le fueron pagados y por los que no habría trabajado. El comité civil del CDE también prepara una acción legal de este tipo, la que debiera ser presentada una vez que el proceso criminal entregue los antecedentes para ello.
Pasos legales
El ex vocero de Ricardo Lagos sabe que está en problemas por lo que contrató los servicios del destacado penalista y ex candidato a fiscal nacional, Jorge Boffil. Este último ha "salvado" de las garras de la justicia, por ejemplo, al diputado Juan Pablo Letelier cuando fue procesado en el caso coimas. También logró llevar a buen término con el Ministerio Público el accidente del Puente Tinguiririca que protagonizó un vehículo de la empresa Tur Bus, a cuyos ejecutivos representaba.
Un agregado importante para la preocupación de Puccio es que la magistrada que lleva la causa trabajó con la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso GATE, precisamente indagando platas políticas. Si bien aquí no necesariamente está probada esa fórmula, conoce al dedillo como actúa el sistema de presiones.
