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Juez argentino resuelve dejar en prisión preventiva a ex lautaristas

Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla fueron acusados de «portación de armas de guerra», delito que las leyes del vecino país castigan con entre uno y seis años de cárcel.


Un juez federal del sur de Argentina dictó este jueves prisión preventiva contra los dos ex lautaristas cuya expulsión había sido aconsejada por el Gobierno trasandino, y que son requeridos por los tribunales chilenos por su presunta responsabilidad en el asesinato del carabinero Luis Moyano, la que se produjo tras el asalto en octubre de 2007 de una sucursal del banco Security en el centro de Santiago.



El juez Federico Sommer, de la ciudad de San Martín de los Andes, ordenó esa medida contra Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla por el delito de «portación de armas de guerra», que las leyes argentinas castigan con entre uno y seis años de cárcel, informaron fuentes judiciales.



Sin embargo, el juez los exculpó de los cargos de «amenazas agravadas», añadieron las fuentes.



El Gobierno argentino recomendó el viernes pasado a la justicia la expulsión de Villarroel, Fuentevilla y del también chileno David Cid, quienes son acusados en su país de formar parte de una banda de atracadores.



El ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmó el viernes decretos de expulsión de los tres chilenos por haber ingresado ilegalmente a Argentina poco antes de ser apresados en San Martín de los Andes, cerca de la frontera con Chile, a mediados de este mes.



Villarroel y Fuentevilla quedaron a disposición del juez Sommer, cuando intentaron ingresar a una discoteca de San Martín de los Andes portando armas de fuego.



El magistrado determinó que Cid no era responsable de ese delito, pero por haber ingresado ilegalmente al país, como los otros dos detenidos, lo puso a disposición de otro juez, Rubén Caro, quien instruye actuaciones para su extradición a Chile.



Los tres chilenos están detenidos en la ciudad de Junín de los Andes, vecina a donde fueron apresados, y se habían declarado «militantes populares» perseguidos por las autoridades chilenas.



EFE

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