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Análisis político:

¿Y la educación cuándo?

por 4 abril, 2008

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La aprobación de la acusación constitucional en contra de la Ministra de Educación Yasna Provoste y las posturas de quienes han sido protagonistas del hecho, apoyando o negando, han dejado en evidencia que lo que menos les interesa es el tema de fondo: la educación. El objetivo central del proceso ha sido una medición de fuerzas entre oposición y gobierno, de una forma que pone una lápida al consociativismo de la Constitución de 1980, y genera el fantasma de un parlamentarismo de facto que puede bloquear el funcionamiento del gobierno.



La responsabilidad de que ello pudiera ocurrir es compartida y una muestra clara de la falta de derrotero institucional en que se encuentra el Estado. Sus principales poderes y conductores no están funcionando con sentidos institucionales comunes.



Es inexplicable que el gobierno se haya sometido a esa derrota política cuyas consecuencias finales aún están por verse. Porque su origen son desórdenes administrativos que una vez detectados perfectamente pudieron solucionarse pacíficamente. Es decir, en sintonía con los acuerdos alcanzados con la oposición para una gran reforma educacional por la calidad, luego de la grave crisis que aquejara al sector en los meses anteriores.



Lo actuado por el gobierno no es congruente con los esfuerzos desplegados después de la revolución de los pingüinos el año 2006, que terminó en una gran Comisión Nacional Presidencial por la Equidad en la Educación, que hace poco entregó sus propuestas. Tampoco con los consensos legislativos para inyectar nuevos recursos en el sector, celebrados brazos en alto en La Moneda por la Presidenta y dirigentes de la derecha y el oficialismo, y por funcionarios del MINEDUC, culpables del desorden administrativo que hoy se investiga, llorando de emoción.



La reacción leve y prescindente del ejecutivo ante el desorden administrativo detectado por la Contraloría en la SEREMI Metropolitana, encarnada en la sanción aplicada al Seremi Alejandro Traverso resultó una nota discordante en ese concierto de acuerdos. Sobre todo por estar referida a una situación ampliamente conocida, tanto en el gobierno como en la opinión pública, y avalada por un desorden cuantificado en 500 millones de dólares. Fueron numerosas las advertencias de técnicos y expertos de que en las reformas acordadas se estaba omitiendo una de fondo a la institucionalidad del MINEDUC. Nadie escuchó.



En síntesis, el gobierno prefirió, de manera inexplicable, someterse a una derrota política antes que sancionar a un oscuro funcionario de segundo nivel. Aunque en la derecha hay quienes sostienen que las insinuaciones de Traverso al inicio del conflicto en el sentido de que podría acogerse a la ley que asegura inamovilidad funcionaria a quienes colaboran denunciando hechos ilegales, persuadió al gobierno a evitar un daño mayor en época electoral. Todo ello, una vez más, sin medir las consecuencias políticas.

La actitud de la derecha también es en cierta medida inexplicable. Especialmente en el gremialismo duro que con lo actuado en el Congreso ha abandonado su convicción guzmaneana del equilibrio institucional con bloques parlamentarios grandes y mayorías leves pero seguras. Ellas obligan al consenso y brindan estabilidad institucional, sobre todo por el régimen de quórum legislativos, lo que ha sido su razón para defender el sistema electoral binominal.



Ahora han dado paso a la formación de mayorías parlamentarias de emergencia, que pueden botar ministros y bloquear el funcionamiento de un gobierno, pero son estériles para hacer funcionar de manera sana la actividad legislativa.



Tal situación ya se inició con la elección de las autoridades en el Congreso, y está en pleno curso de funcionamiento, ahora en el Senado, luego de la aprobación de la Acusación en la Cámara de Diputados.

Es posible que una actitud más prudente del gobierno hubiera evitado el actual escenario, en el cual la validez de los instrumentos de fiscalización y control políticos, que son siempre un tema de mayoría política, han pasado a ser mecanismos para componer alianzas políticas más cercanas a la teoría del desalojo que al nuevo trato político y la gobernabilidad como le gustaba a la derecha. Más de alguien ha visto en esta óptica las razones de Joaquín Lavín para tomar distancia del libelo.



Otro embarazo no deseado en la Concertación



El trascendido de que la votación al interior del Tribunal Constitucional acogió por cinco votos contra cuatro el requerimiento en contra de la llamada píldora del día después movilizó espontáneamente a organizaciones de la sociedad civil en contra de una medida que calificaron de atentatoria contra las libertades.



Tal medida abolicionista golpearía fuertemente a los sectores más pobres de la población pues la medida estaría destinada a impedir la distribución del fármaco de manera gratuita en los centros públicos de salud.



Pese a que ello significaría una derrota para el gobierno en materia de salud, un conciliador Ministro del Interior sostuvo que si bien la prohibición es lamentable, había que ser prudentes en los juicios, sobre todo porque aún no se conoce la sentencia definitiva y, por lo tanto, sus verdaderos alcances.



Tal optimismo pareciera basarse en el hecho evidente de que el fallo seguramente se concentrará en el levonorgestrel, dejando fuera cualquier referencia al resto de los anticonceptivos o dispositivos intrauterinos como la T de cobre, con larga data de suministro en el sistema de salud pública de Chile. Es más, quienes conocen el trabajo al interior del Tribunal aseguran que tal decisión será la unanimidad que ayudará a relativizar los alcances del fallo y hacerlo más digerible para la ciudadanía.



La sentencia seguramente será revisada de manera rigurosa por políticos y especialistas pues podría contener una interpretación restrictiva de las garantías constitucionales, y por esa vía, una trasgresión de las competencias del Tribunal Constitucional.



Sin embargo ella trae un adicional: alteraciones de período político para el oficialismo. Porque el voto de mayoría lo habría dado el DC Mario Fernández, hombre del círculo íntimo del alvearismo, quien fuera nombrado sorpresivamente como miembro del Tribunal por Ricardo Lagos, a instancias del llamado Mapu- Martínez. Lo que se sabe es que los votos de minoría serían los de Jorge Correa Sutil, Hernán Vodánovic, Juan Colombo y Francisco Fernández.



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