El Ministerio Público no ha logrado configurar que exista corrupción en el caso. Sólo ha evaluado el delito de negociación incompatible en contra Andrés Contardo, ex asesor de Guillermo Arenas. Este escenario sería favorable para que la empresa india Tata presente demanda contra el Estado, que sería patrocinada por el abogado Jorge Bofill.
La fiscal Alejandra Godoy, que lleva la investigación por las presuntas irregularidades en el otorgamiento de una licitación del Registro Civil, decretó reserva de la indagatoria por 40 días, dejando "ciego" al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba conocer los pormenores de la misma y resolver si se hacía parte o bien presenta querella.
La decisión, dijo una fuente del Ministerio Público, busca evitar las filtraciones de la carpeta donde se encuentran las primeras declaraciones del caso, pero también revela la complicación para probar algún tipo de anomalía que constituya un delito que permita aplicar sanciones penales.
Más allá de las percepciones de testigos sobre algunos hechos que parecen" corrupción y las visitas de supuestos gestores a las empresas que perdieron la licitación, la fiscal enfrenta problemas para configurar los ilícitos.
Una fuente de la fiscalía explicó que durante la semana la abogada del CDE, Luppy Aguirre visitó a Godoy, con el fin de obtener antecedentes para que el organismo los analizara en su mérito.
Aguirre, junto al abogado Marcelo Oyarcabal son los encargados de
monitorear este caso y hacer el informe respectivo al comité penal del Consejo.
Ceguera temporal
Hace algunos días la misma fiscal decretó la incautación de los
computadores, tanto del gigante indio Tata -que ganó la licitación por
80 millones de dólares y que fue anulada por el renunciado director del
Registro Civil Guillermo Arenas-, como también los de la casa de este
último.
Los ordenadores y sus respectivos discos duros están siendo analizados
por Investigaciones con el fin de establecer la existencia de una prueba concreta que implique algún acto ilícito, tales como correos electrónicos o documentos de procesadores de textos.
Hasta ahora la "testigo estrella" que tiene Godoy, dijo una fuente cercana a la investigación, es una de las funcionarias del Registro Civil, Gabriela Huarcaya, ex asesora jurídica, quien aseguró que se habría modificado uno de los informes para que Tata ganara la licitación, en desmedro de otras empresas, tales como Quintec (que estaría asociada al presidenciable Sebastián Piñera) y Sonda.
A ella se sumaría un ejecutivo de Quintec quien relató que recibió la visita de un "gestor" que le habría propuesto fórmulas para ganar la licitación.
Sin embargo, más allá de la reserva de la indagatoria, al menos hasta ahora la Fiscalía Centro Norte está ciega frente a los hechos. Sobre todo en relación a los antecedentes que entregó en su denuncia el ministro de Justicia Carlos Maldonado, quien decidió la destitución de la cúpula del
Registro Civil hace algunas semanas.
Menudo problema
Si la investigación no llega a buen puerto, el gobierno tiene menudo
problema, ya que al conocerse que uno de los asesores que visó la
propuesta de Tata, Andrés Contardo, trabajaba para el mismo consorcio,
Arenas decidió anular la licitación, aún no teniendo las facultades para
ello.
Tata sabe perfectamente que si la causa no prospera, la determinación de
Arenas les jugará a favor para la presentación de una demanda contra el
Estado, que todo indica será patrocinada por el abogado Jorge Bofill.
