No toda la violencia y represión en los días posteriores al golpe fue por motivaciones políticas. También hubo ajustes de cuentas personales y "limpieza social" por parte de las autoridades militares. Tal es el caso de los fusilados en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, que sustancia la jueza María Estela Elgarrista. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se hará parte en los próximos días.
La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista, inició una investigación por el fusilamiento de al menos 20 sujetos con antecedentes penales por parte de Carabineros, en los días posteriores al golpe militar del 73, cuando regía el estado de sitio.
La magistrada abrió un cuaderno separado en una de las indagatorias que sustancia, a partir de una serie de casos de fallecidos por heridas a bala en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, que pudo haber servido de campo para asesinar personas.
El primer paso de Elgarrista fue el análisis de más de 50 casos similares, de los cuales seleccionó cerca de 20, y con los respectivos certificados de defunción enviados por el Registro Civil inició las primeras diligencias.
Muchos de los antecedentes que tiene en su poder la jueza especial fueron investigados por la Comisión Rettig y, aunque se declararon como violaciones de derechos humanos, no necesariamente fueron encuadrados dentro de los actos represivos organizados de aquellos días, sino como venganzas personales o como actos de "limpieza social" de las autoridades de la época.
También sospechas que apuntan a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. Cercana al camposanto está la base aérea de El Bosque, otro centro de detención y tortura de la época.
Fuentes allegadas a la causa explicaron que la investigación incluso podría llegar a salpicar a los militares que por aquellos años estaban asignados en la Escuela de Infantería del Ejército, ubicada en Nos, localidad cercana a San Bernardo.
A principios de año, en el caso de los desaparecidos de Paine, que sustancia el magistrado Héctor Solís, aparecieron los subtenientes del 73, quienes hoy ocupan cargos en el generalato. A partir de allí creció la presión para que el general Gonzalo Santelices abandonara la institución, por la responsabilidad que le cabía en el traslado de prisioneros que fueron fusilados durante el paso de la Caravana de la Muerte por Antofagasta.
En el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior esta causa se sigue paso a paso y en los próximos días presentarán el escrito para ser parte querellante en el proceso.
Una de las deudas de la justicia chilena, precisamente, son aquellos casos donde nunca se ha podido acreditar y dictar sanciones por la muerte de personas no vinculadas a causas políticas, pero que fueron víctimas de la violencia impuesta por las Fuerzas Armadas.
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