A la presentación hecha este miércoles por el abogado Cristián Rosselot, ahora se suman los diputados de la Concertación Fulvio Rossi (PS), Guido Girardi (PPD), Alberto Robles (PRSD) y el ex presidente del Colegio Médico y también parlamentario PPD, Enrique Accorsi. Todos sostienen que el ministro adelantó opinión antes de que se conozca el dictamen final del tribunal.
La presión política sobre la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la píldora del día después sube cada día. Y es que hoy cuatro diputados de la Concertación harán una nueva presentación al organismo para que el ministro José Luis Cea Egaña se inhabilite por haber "emitido opinión" antes de que se conociera el fallo oficialmente.
Cea Egaña, destacado profesor de Derecho Constitucional, fue uno de los votos de la línea conservadora que estimaron que el anticonceptivo de emergencia tendría carácter abortivo, por lo que transgrede uno de los pilares de la Carta Fundamental como es el derecho a la vida.
El escrito, que se será ingresado al TC hoy, es apoyado y rubricado por los diputados Fulvio Rossi (PS), Guido Girardi (PPD), Alberto Robles (PRSD) y el presidente del Colegio Médico y también parlamentario PPD, Enrique Accorsi.
Esta presentación es coincidente con los dichos de los senadores del PS Carlos Ominami y Jaime Naranjo, quienes criticaron el caso de otro miembro del TC, Raúl Bertelsen, quien pese a haber emitido una opinión anterior a través de un estudio en derecho contraria al fármaco, de todas formas integró la instancia que lo rechazó. Los mismos argumentos apuntan a Cea Egaña.
La presentación arguye que el 4 de abril pasado, ante los trascendidos de que había un acuerdo de los ministros que se plasmaría en un fallo final, el TC emitió un comunicado dando cuenta de la decisión sin que el documento estuviera firmado y redactado.
Esta formalidad, a juicio de los parlamentarios y del abogado patrocinante Cristián Rosselot, vulnera precisamente lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del TC que impide a sus miembros adelantar los fallos.
Esta es una de las distintas acciones que ha iniciado el oficialismo para hacer frente a uno de los más graves escollos que enfrentan las políticas progresistas en materia de control de la natalidad del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
La Moneda baraja otras alternativas para dejar sin efecto la disposición. Una es la reforma a las atribuciones del TC y otra la interpretación de los alcances del fallo, de modo de ver si es restrictivo o amplio. Es decir, dilucidar si podrá venderse en las farmacias, o si se estima que, como es abortiva, debe ser retirada completamente del mercado.
La larga batalla judicial
El conflicto público por la píldora se inició en 2001 con la presentación de un recurso de protección de parte de agrupaciones autodenominadas pro-vida, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue zanjado negativamente para la distribución del fármaco -llamada Postinor- por la Tercera Sala (Constitucional) del máximo tribunal.
Una de las anécdotas más sabrosas de aquel episodio ocurrió precisamente cuando se conoció el fallo. En esa oportunidad, el entonces fiscal del Instituto de Salud Pública (ISP) que también era parte en este caso, Guillermo Arenas -recientemente renunciado como director del Registro Civil- dio a conocer que a contar de ese mismo día se autorizaba la venta de un medicamento igual al Postinor, pero llamado Postinor-2.
La estrategia de interpretación jurídica de la autoridad era que cuando la justicia resuelve sobre la conculcación de un derecho, ese dictamen no se hace extensivo a otros hechos.
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