Como un triunfo del derecho a informar y a la libertad de expresión, calificó el abogado de este medio electrónico, Samuel Donoso, la decisión de tribunales. El conflicto se generó a raíz de una nota publicada en diciembre de 2004, donde se incluyó un link dirigido a un Informe paralelo al de la Comisión Valech, que incluía nombres de empresarios, políticos y civiles que habrían respaldado las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Por unanimidad, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución anterior del 19 Juzgado del Crimen de Santiago que rechazó tajantemente someter a proceso, como autores del delito de injurias graves con publicidad en contra de Ricardo Claro Valdés, al director responsable de El Mostrador.cl, Federico Joannon Errázuriz, y a su periodista de tribunales, Jorge Molina Sanhueza.
Los ministros Rosa María Maggi Ducommun, Jorge Zepeda Arancibia y Juan Cristóbal Mera Muñoz, zanjaron así la querella presentada por el empresario y dueño de varios medios periodísticos, Ricardo Claro Valdés, que en octubre de 2005 interpuso acciones legales a raíz de un artículo publicado en El Mostrador.cl.
La nota periodística daba cuenta de la crítica realizada por la Coordinadora de ex Presas y ex Presos Políticos de Santiago al documento de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, publicado y dado a conocer días antes.
Los reparos apuntaban a la no inclusión en el denominado Informe Valech de los civiles que colaboraron con la dictadura militar y que, al entender de los ex presos políticos, respaldaron y abrieron el camino para que se pudieran concretar los hechos de torturas que se hicieron públicos en dicho documento.
En vista de esto, la mencionada agrupación publicó un documento paralelo llamado "Nosotros, los sobrevivientes, acusamos", con más de dos mil nombres que incluían a militares, políticos y empresarios vinculados al régimen que violó los derechos humanos, entre ellos, el de Ricardo Claro Valdés.
Esta información fue publicada por El Mostrador.cl, y se incorporó un enlace (link) al documento mismo, al final de la nota periodística. En su libelo Ricardo Claro señaló a este link como un acto constitutivo de injurias en su contra, por el contenido del documento "linkeado".
El derecho a la información
El abogado encargado de la defensa, Samuel Donoso, explica que la piedra angular de su alegato se basó en que "la publicación de esta noticia se hizo en uso del legítimo derecho a informar sobre un tema de interés público, como lo son las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura. Y no se tuvo como objetivo injuriar a persona alguna, sino informar y en consecuencia no pudo haber delito".
El abogado agrega que, en su opinión, esta "es una resolución extremadamente importante porque confirma una de las garantías más importantes dentro de una sociedad democrática, como es el derecho a informar y a la libertad de expresión".
Por su parte, el profesional representante de Ricardo Claro, Eduardo Novoa Aldunate, señaló que no era éste el resultado que esperaban, pero prefirió no hacer más comentarios.
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