El documento de nueva páginas y sus respectivos anexos, dijo una fuente edilicia, no establece móviles políticos, ni un desvío intencional de dinero, ya que el sistema para favorecer a la empresa GMA sería más sutil, generando licitaciones complejas, poco atractivas para otros competidores, donde la condicionantes, una vez otorgada, cambian en beneficio del ganador.
Un cuestionamiento a la construcción del software georeferencial y su mantenimiento, que la municipalidad de Huechuraba -dirigida por la UDI Carolina Plaza- contrató con la empresa GMA, es uno de los puntos centrales del pre-informe que entregó el lunes por la tarde la Contraloría General de la República.
Fuentes del municipio comentaron a El Mostrador.cl que el programa en sí no sirve para los fines que motivaron su adquisición, lo que constituye una de las principales anomalías detectadas por el organismo revisor de los actos públicos.
Si bien el documento de nueve páginas, con sus respectivos anexos documentales no tiene conclusiones -lo cual sólo considera el informe final- se desprende de la redacción del mismo que no tiene sentido práctico que la construcción del software haya sido más barata que la mantención del mismo, toda vez que hubo una modificación de los pagos por este ítem, desde poco más de dos millones mensuales a más de cinco millones.
El total investigado, según la fuentes, son más de cien millones de pesos por este acápite, que a su vez se cruza con otra investigación que lleva el mismo organismo revisor a la municipalidad de Recoleta, ya que la misma firma GMA mantuvo relaciones comerciales por servicios similares.
En ambos casos, el Ministerio Público Centro Norte también hace lo suyo y ya incautó los computadores de Huechuraba, para indagar si existen hechos que pudieran revestir un delito.
Este caso desató una crisis en la derecha, debido a que fue el propio ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, quien apareció denunciado anomalías en Huechuraba, en desmedro de los intereses de su yerno Isaac Givovich, lo que provocó severos cuestionamientos internos, sobre todo por la buena evaluación que la colectividad tiene de Carolina Plaza.
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El pre-informe no señala, en todo caso, la existencia de móviles políticos ni pérdidas o desvíos irregulares de dinero, que es, hasta ahora, una de las grandes salvaguardas que utilizará la alcaldesa Plaza para la posible presentación de una querella contra el yerno de Lavín en la Fiscalía, a través de su abogado, Francisco Cox.
Otro de los cuestionamientos que se coligen del documento entregado ayer, es la lógica usada por el municipio con GMA, donde queda claro que el pago por el software no implicó su propiedad, como debiera ser lo lógico con la compra de un bien tangible o intangible, que podría suponer faltas a la probidad administrativa.
La fuente de la Municipalidad explicó a este diario que el pre-informe si bien no tiene conclusiones, es una suerte de invitación para que Carolina Plaza desvirtúe las anomalías que entregó la investigación del organismo, cuestión que podría incluso resultar contraproducente al final del proceso indagatorio.
Parte de las sospechas de este caso, es que si bien el proceso de licitación, en la forma, aparece con una fachada de aparente legalidad, existen otras maneras de favorecer más a la empresa que a la Municipalidad, la cual por relaciones de carácter político habría elegido a GMA.
Por ejemplo, bases complicadas de cumplir, por tiempo para presentar antecedentes y trabas de distinto tipo, y el dinero ofrecido por el servicio en cuestión, que de acuerdo a la fuente edilicia, sería la ecuación que se cumpliría a cabalidad en Huechuraba.
La investigación de Contraloría comenzó hace poco más de un mes y, en ese sentido, fue una indagatoria rápida que ha demostrado que los argumentos políticos esgrimidos por el oficialismo, respecto a la tendencia derechista del mandamás del organismo, Ramiro Mendoza, se han ido matizando y diluyendo cuando los dardos apuntaron a la oposición con presuntos actos de corrupción.
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