La actividad se desarrolló en las instalaciones del municipio hasta donde llegaron los vecinos, quienes expusieron con documentos en mano "las arbitrariedades que rodearon la concesión del parque a la empresa deportiva, exigiendo para cada requerimiento respuestas con sólidos argumentos por parte del alcalde".
Vecinos de Ñuñoa calificaron este lunes como lamentable el desarrollo de la Audiencia Pública solicitada al alcalde de la comuna, Pedro Sabat, a causa de la destrucción del Parque Gorostiaga.
Señalaron que la instancia, a la que recurrieron los vecinos luego de no tener éxito en las reiteradas peticiones, culminó sin la respuesta del alcalde a los requerimientos formulados por los vecinos que han levantado el movimiento en defensa del Parque Gorostiaga con numerosas protestas.
Cabe recordar que el lugar, que fue objeto de una donación de un particular al municipio para su uso público y gratuito, fue destruido y desmantelado luego que el alcalde formulara la propuesta de levantar allí un gimnasio, la que fue respaldada por el Concejo municipal, con la excepción de los concejales Danae Mlynarz y Pablo Vergara. Dicha propuesta fue finalmente licitada a la empresa Sportlife, la que gozará de la concesión por 30 años y cuyo arancel mensual tendrá un costo de 35 mil pesos para aquellas personas que pretendan disfrutar del parque que otrora fuera de uso gratuito.
La audiencia pública se desarrolló en las instalaciones del municipio hasta donde llegaron los vecinos, quienes expusieron con documentos en mano "las arbitrariedades que rodearon la concesión del parque a la empresa deportiva, exigiendo para cada requerimiento respuestas con sólidos argumentos por parte del alcalde".
Los asistentes manifestaron que una vez hechas las consultas, el alcalde dio por terminada la audiencia pública, sin posibilitar la intervención de los concejales y lo que es peor aun sin contestar las consultas de la ciudadanía.
La concejala Danae Mlynarz, instó a los ñuñoínos afectados a presentar por escrito ante el municipio las consultas formuladas en la controvertida reunión para que de esa manera la máxima autoridad edilicia deba someterse al plazo de 10 días que establece la ley para dar respuesta a los ciudadanos.
«En Ñuñoa tenemos un problema grave y que es una amenaza al respeto por la opinión de la ciudadanía y que es un alcalde que no escucha y que cuando asume que su deber es escuchar a los vecinos, simplemente no le contesta a la ciudadanía a la que debe su investidura de alcalde» concluyó Mlynarz.
