Se llama Héctor Orellana y se desconoce aún cual fue su participación en los hechos. Mientras, ayer declaró como imputado y por más de cinco horas el gerente general de Tata-Chile, Pablo Cisternas. Días antes lo hicieron los ejecutivos de la empresa Domingo Frez y Andrés Tupper. Todos designaron abogado.
Un nuevo nombre sobre que podría estar involucrado en las supuestas
irregularidades acaecidas en el Registro Civil -en el marco de un
proceso de licitación por US$ 80 millones para cambiar la plataforma
informática- entregó hace algunos días el ministro de Justicia, Carlos
Maldonado, a la Fiscalía Centro Norte. Su nombre: Héctor Orellana.
Hasta ahora, según fuentes de la fiscalía, no existe claridad de si se trata de un funcionario público, de un operador político o empresarial, o si es la verdadera identidad de un sujeto llamado o apodado "Codorniu". Al menos, Orellana no figura en la planta del Registro Civil.
Fuentes allegadas al caso explicaron ayer a El Mostrador.cl que
la información llegó a manos del secretario de Estado a través de
terceros que querían aportar lo que sabían y ayudar así a la fiscal
Alejandra Godoy que lleva la investigación en el Ministerio Público.
Originalmente, el nombre llegó primero a manos del jefe de Godoy, el
también fiscal Iván Millán, quien fuera el receptor de la primera
denuncia penal que hiciera el propio Maldonado, luego de descabezar al
organismo encargado de velar por las identidades de los vivos y muertos
en Chile.
El mandamás
En tanto ayer, en calidad de imputado declaró por más de cinco horas ante la fiscal Godoy el gerente general de Tata-Chile, Pablo Cisternas.
La perseguidora penal lo inquirió respecto al conocimiento que tuvo
sobre la información que le habría entregado a la firma el ex asesor
del Registro Civil, Andrés Contardo, quien a su vez trabajaba para la
misma Tata sobre materias reservadas de la licitación.
Hace algunos días también declararon en la causa los ejecutivos
de la empresa india, Domingo Frez y Andrés Tupper. Estos
dieron patrocinio y poder al estudio del abogado Carlos Balbontín, un
destacado penalista del foro que ha representado a importantes bancos
de la plaza -como el Chile y el BBVA- en los casos Riggs e Inverlink,
respectivamente. Ambos se encuentran suspendidos de
sus funciones en la firma mientras se aclaran los hechos.
Siguiendo la tónica que ha llevado hasta ahora la indagatoria de la
fiscal, todo indica que Frez, Tupper y Cisternas debieran ser
formalizados, aunque no existe claridad aún bajo qué figura penal.
En la indagatoria que sustancia la Fiscalía Centro Norte, Contardo se
encuentra formalizado por cohecho y revelación de secreto, y en estado de prisión preventiva.
Respecto a los dos ejecutivos, la Fiscalía acreditó, a través de sus
declaraciones y la incautación de documentos de la firma, que
mantuvieron una estrecha relación con el doble asesor.
Arenas y la carta
El martes también declaró, por cerca de ocho horas, el ex director del servicio de identidades Guillermo Arenas junto a su abogado, Alex Carocca, otrora defensor nacional público.
El interrogatorio a Arenas giró en torno a las supuestas presiones
que habría ejercido sobre los funcionarios que revisaron y construyeron las
bases de licitación.
La fiscal Godoy cuenta, al respecto, no sólo con testimonios de ex
empleados del organismo, sino además con una carta que cinco de ellos
dejaron en la bóveda del Banco de Chile, como forma de protegerse frente
al escándalo que se desató hace poco más de un mes.
