Organismo fiscalizador desestima cada uno de los argumentos que esgrimieron ante el TC los abogados de la derecha, Axel Buchheister y Hedy Matthei -en representación de los senadores Pablo Longueira y Andrés Allamand, entre otros-, para detener la inyección de US$ 160 millones al sistema de transporte público. El documento coincide con el proyecto de ley presentado por el ministro de Transporte René Cortázar al Senado, para que anualmente el Transantiago pueda echar mano a US$ 210 millones de fo
La Contraloría General de la República asestó un duro golpe a la Alianza por Chile, que buscaba anular el préstamo del BancoEstado al Transantiago por US$ 160 millones, en un oficio enviado este 18 de abril al Tribunal Constitucional.
En once páginas, el organismo fiscalizador desechó uno a uno los argumentos esgrimidos por los abogados de la UDI Axel Buchheister y Hedy Matthei y por extensión a los senadores Pablo Longueira, Andrés Allamand, entre otros que firmaron el requerimiento.
Buchheister, miembro de Libertad y Desarrollo y columnista de la plaza, es uno de los abogados que participó en la creación de la empresa más importante que le permitió a Augusto Pinochet esconder su fortuna en el banco Riggs y los paraísos fiscales.
En el momento preciso
El oficio de la entidad revisora, aparece en momentos en que el ministro de Transportes, René Cortázar solicitó al Senado otorgar US$ 210 millones de carácter permanente con el fin de paliar el millonario déficit que ha tenido la obra diseñada en el gobierno de Ricardo Lagos y ejecutada durante la administración de Michelle Bachelet, y que asciende a más de US$ 60 millones en 2008.
El TC declaró la admisibilidad del recurso el pasado 6 de marzo y lo acogió a tramitación. En el documento los senadores de la Alianza estiman que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) no puede actuar de aval, ya que se trata de una institución del Estado que recibe dinero del propio Estado para el transporte público.
En ese sentido, argumentan que la llamada cuenta de reembolso, cuyo orden es llevado por el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) carece de legalidad, ya que se trata de una entidad ligada a la propiedad estatal de los medios de transporte. Además, arguyeron que la contratación del crédito con el BancoEstado "excede latamente el actual período presidencial, sin que exista una ley de quórum calificado que lo autorice".
Sin embargo, la Contraloría estimó que todo lo esgrimido por los parlamentarios de la derecha en su recurso, no tiene sustento, por cuanto la interpretación que se hizo de las facultades que el Estado tiene para mantener el transporte público en movimiento, carece de fundamento y que la mencionada cuenta es privada, por lo que puede responder a los compromisos financieros adquiridos.
"Pues bien, y en armonía con lo expresado en el cuerpo del presente informe, la operación de préstamo con cargo a la Cuenta Especial de Reembolso efectuada por el Banco del Estado de Chile, no configura la contravención alegada, habida consideración de que dicha Cuenta, no es una empresa de aquellas a que se refiere la norma constitucional cuya infracción se sostiene, puesto que, como ya se ha visto, constituye un patrimonio de carácter privado, separado de los recursos propios de los partícipes del Sistema".
Asimismo, la Contraloría asegura que la Corfo entrega la cobertura de riesgo a la operación crediticia, la que se fundamenta en la Ley de Presupuestos 2008 "por lo que en modo alguno vulnera la Carta Fundamental y no configura tampoco una discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica".
A mayor abundamiento la Contraloría le enrostra a los requirentes que el decreto del Ministerio de Hacienda que autorizó la operación financiera -publicado el 2 de enero en el Diario Oficial- fue autorizado (toma de razón) por el mismo organismo fiscalizador a fines de 2007, "por estimar que se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico".
Si bien el informe de la Contraloría no tiene carácter vinculante, es un elemento de juicio que sin duda los doce miembros del TC tomarán en cuenta antes de decidir.
Vea oficio de Contraloría (En formato PDF)
