La designación de un ministro en campaña es un indicativo acertado de la prioridad que el gobierno otorga al tema. Sin embargo se echa de menos una institucionalidad civil más permanente y con más facultades para hacer frente a las emergencias. La ONEMI es un instrumento eficiente hasta una cierta escala de sucesos, pero la coordinación de una logística mayor, integral en opinión de expertos, requiere de grados crecientes de profesionalización que el país debiera asegurar que tiene.
La crisis del volcán Chaitén ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del territorio nacional y la importancia de contar con un adecuado sistema gubernamental de manejo de crisis de catástrofes. En este caso el gobierno ha actuado de manera acertada. Ha reaccionado a tiempo, las decisiones de emergencia se han cumplido de manera eficiente y la previsión de los servicios parece la más adecuada. A su vez, el método de evacuación aplicado ha marchado hasta ahora sin problemas. Con todo, lo ocurrido debe ser analizado con detenimiento pues deja lecciones importantes para eventuales situaciones similares.
En primer lugar queda en claro que la logística integral del país es esencialmente marítima, pues es el mar el que permite movilizar ingentes recursos en relativamente poco tiempo y en largas distancias, desde y hacia la zona de catástrofe. Todo ello sin perjuicio de que subsiste un problema de conectividad hacia el interior montañoso y deficiencias de vialidad secundaria que deja siempre zonas aisladas como Futaleufú.
La conectividad de carretera es fundamental para las actividades normales de la población, especialmente de transporte terrestre, y obtiene su máxima eficiencia en un radio de hasta 400 kilómetros. Pero la longitud y conformación del territorio nacional, y el tipo de riesgos físicos que enfrenta su territorio, obliga a considerar el mar como la gran bisagra de la articulación del territorio nacional en casos de emergencia o catástrofe. Particularmente en sus extremos territoriales.
De ahí que no resulte claro por qué la primera respuesta del gobierno hacia el futuro deba ser la construcción del tramo de la carretera austral al sur de Hornopirén, tal como lo anunció el ministro Sergio Bitar. La obra ha sido catalogada por los ecologistas como una simple servidumbre del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, debido a las dimensiones de su actual diseño.
La pluma de cenizas dispersada por el viento ha prácticamente inmovilizado la red de aeródromos, incluso en Argentina donde las autoridades han debido cancelar permisos de vuelo en razón de la escasa o nula visibilidad. Como medio aéreo, lo más útil sigue siendo el helicóptero, pero tiene la limitación del escaso volumen o masividad de transporte.
Todo ello deja en claro que en este tipo de catástrofes lo que sirve es el medio más regular, masivo y de mayor velocidad, en este caso el marítimo.
Un segundo aspecto en que se debe poner atención es el monitoreo de los mayores riesgos que presenta el territorio nacional, entre ellos el de la cadena volcánica que recorre el territorio nacional.
Es evidente la falta de inversión ya que solo una parte ínfima de los volcanes es controlada de manera regular. Se debe considerar que las inversiones requieren de largo tiempo para madurar y establecer registros que sean útiles para prevenir desastres mayores.
Pero, además, tampoco hay capacidad técnica suficiente en el aparato público y en universidades y centros privados, para llevar un control adecuado de los impactos de una catástrofe como la ocurrida y sus posteriores evoluciones. La crisis original del volcán Chaitén aún está en pleno curso, y queda todavía el desenlace de la erupción y luego el proceso de años y quizás décadas, que durará la absorción natural de sus efectos.
La incorporación de un sistema satelital propio a la cadena científica nacional, integrado por universidades e instituciones civiles y no por fines puramente de defensa, debieran permitir un mejor control del territorio en el sentido señalado.
Un tercer aspecto a analizar será la dificultad de volver a la normalidad a la población afectada, ya sea en su lugar de origen – lo que por ahora se ve imposible- o en lugares de reasentamiento. La sostenibilidad de las acciones de ayuda y emergencia difieren de las requeridas para normalizar. Hasta ahora el gobierno lo ha hecho bien, pero el país no tiene ni estructuras institucionales ni experiencias de reasentamientos masivos de población, razón por la cual debe anticipadamente empezar a diseñar esta fase, que dadas las circunstancias, parece de la mayor urgencia.
La designación de un ministro en campaña es un indicativo acertado de la prioridad que el gobierno otorga al tema. Sin embargo se echa de menos una institucionalidad civil más permanente y con más facultades para hacer frente a las emergencias. La ONEMI es un instrumento eficiente hasta una cierta escala de sucesos, pero la coordinación de una logística mayor, integral en opinión de expertos, requiere de grados crecientes de profesionalización que el país debiera asegurar que tiene. Después de todo, y así lo confirma su historia, este es el tipo de riesgos más probables al que cada cierto tiempo debe enfrentarse Chile.
