El fallo del Ciadi, si bien obliga al Estado chileno a pagar esa cifra a Víctor Pey y Joan Garcés, fue tomado como un triunfo en La Moneda por cuanto obliga a cancelar cerca del 3% de los US$515 millones solicitados inicialmente por los demandantes. El Gobierno pedirá la nulidad del dictamen.
Luego de varios años de espera, el Gobierno tuvo que reconocer públicamente la pérdida de un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, contra el ex dueño del matutino, el español Víctor Pey, cuyo medio de comunicación escrito fue incautado después del golpe por la dictadura.
La condena del Ciadi obliga al Estado a pagar 16,6 millones de dólares por la confiscación del diario en septiembre de 1973, una cifra sustancialmente menor al monto solicitado por Víctor Pey y la Fundación Allende de España que ascendía a US$515 millones.
La información la dio a conocer el ministro de Economía, Hugo Lavados, quien dio a conocer la posición del gobierno ante la resolución del tribunal. «Nosotros consideramos que el fallo es erróneo y por eso vamos a recurrir de nulidad», sentenció el secretario de Estado.
«Hay cinco causales específicas para recurrir de nulidad», aseguró
Paolo Di Rosa, abogado que dirige la defensa en Washington.
En ese sentido, agrega que «el fallo ha desconocido que el Sr. Pey, como chileno que es, no tenía legitimación para recurrir al Ciadi, ni acogerse a las disposiciones del tratado de protección a las inversiones que Chile firmó con España (APPI), porque no es inversionista extranjero. Además, se basa en el falso supuesto que era dueño de las acciones de «Clarín» y que podía, consecuencialmente, ceder derechos que nunca tuvo a la Fundación Presidente Allende».
En 1996, Pey decidió renunciar a la nacionalidad chilena y en 1997 presentó a través de su abogado Joan Garcés una demanda ante el Ciadi. En la oportunidad su defensa invocó el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado por España y Chile en el año 1994.
El diario Clarín era el de mayor circulación en Chile hasta que fuera confiscado tras el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, lo que llevó al empresario español a presentar una demanda de arbitraje según el Acuerdo de Protección de Inversiones entre España y Chile firmado en 1994.
