El tema de los derechos humanos, aunque le incomode a muchos sectores, es parte del imaginario social con el cual el país debe enfrentar los problemas de verdad y justicia y refundar su ética pública, en su segundo centenario de república independiente.
La semana que termina ha traído con fuerza a la agenda pública nuevamente de la mano de la justicia, las violaciones a los derechos humanos, en este caso tres situaciones que resultan emblemáticas para superar este trauma en el país.
La decisión de la jueza Eliana Quezada de procesar como inculpados a seis altos oficiales de la Armada por el delito de secuestro calificado con resultado de muerte en la persona del sacerdote chileno – británico Miguel Woodward, pone por primera vez a esta institución en el centro de un caso grave de violaciones de este tipo. Con el agravante que ello ocurrió en el Buque Escuela Esmeralda, emblema de la formación profesional de los marinos chilenos, y afecta a un grupo de oficiales que llegó a ostentar los más altos grados de la institución.
El hecho, pese a la serenidad y ponderación del actual mando de la Armada, provocó una inusitada reacción en trece diputados de la UDI, quienes encabezados por Julio Dittborn y José Antonio Kast, acusaron a la jueza de "persecución política".
Tal manifestación generó un inmediato rechazo entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras que el Presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, señaló que tal postura "hace patente la nula valoración que la derecha tiene de los derechos humanos como sustento ético de la democracia", lo que los inhabilita para llegar al gobierno.
A su vez, al mediodía del viernes, la Corte Suprema anticipó realizará en las próximas horas una declaración en torno a lo que considera una grave intromisión en la labor de los tribunales por parte de miembros de otro poder público, hecho inconcebible en un Estado de Derecho.
En la semana también salió el fallo que condena a tres carabineros miembros de la patrulla que asesinó a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo en marzo de 1985. Las penas son de 10 años para el jefe de la patrulla Alex Ambler y otro suboficial, y de 15 años para el ex cabo José Marín Jiménez quien remató a Rafael Vergara de un tiro en la cabeza cuando estaba detenido al interior de un furgón policial. El caso, ampliamente conocido por la opinión pública nacional, permaneció más de 20 años sin que la justicia emitiera un fallo, hasta que finalmente se identificó y condenó a los responsables.
Finalmente, el juez Juan Eduardo Fuentes cerró el sumario en el caso del asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile, con un solo inculpado, en este caso el ex coronel Mario Manríquez Bravo, quien era jefe de ese recinto de detención en los días del golpe militar de 1973. En este caso, que aún no concluye, no pudo establecerse la identidad del llamado "príncipe", apelativo dado a un oficial que habría estado comisionados para los interrogatorios y que sería el autor material del asesinato. El abogado de la causa, Nelson Caucoto, señaló que aún había diligencias pendientes y que apelaría en contra del cierre de la investigación.
Como se puede apreciar, todos estos casos son de alta connotación, y pese a que algunos de ellos tienen más de treinta y cinco años, siguen plenamente vigentes. Ello constituye un indicativo de que el tema de los derechos humanos, aunque le incomode a muchos sectores, es parte del imaginario social con el cual el país debe enfrentar los temas de verdad y justicia y refundar su ética pública, en su Segundo Centenario de república independiente.
La calidad de la política
La semana terminó con un categórico juicio negativo de la ciudadanía sobre los partidos políticos. Más del 90% de los ciudadanos no confía en ellos, cerca de un 80% cree que no aportan a la democracia y dificultan la aprobación de las leyes, y más del 80% por ciento se opone a que sean financiados con dineros públicos.
Tal juicio no tiene consonancia con la agenda de modernización, transparencia y calidad de la política que persigue el Gobierno, y de la que forma parte la ley de reforma de los partidos presentada hace algunos días a consideración del Congreso Nacional.
Pero quizás si lo más importante es que muestra un malestar profundo de la ciudadanía con un aspecto sustancial del funcionamiento democrático, en este caso las instituciones que se supone están llamadas a representar a los ciudadanos y a seleccionar una parte de los más altos cargos políticos del Estado.
En este caso, el llamado de atención es al sistema político en su conjunto, sin distinción entre oposición y gobierno, demostrando que por lo menos en materia de representación, el país ha ido perdiendo densidad institucional y legitimidad política. Para nadie son un secreto las deficiencias democráticas internas de todos los partidos del espectro nacional, cada cierto tiuempo expuestas públicamente en disputas que muchas veces terminan en los tribunales.
Parte importante de la judicialización de la política actual proviene de las disputas internas de los partidos, algunos de cuyos partidarios han llegado a calificarlas de organizaciones delictivas.
En tal circunstancia, el ejercicio necesario para recuperarlas parece ser algo más profundo que lo propuesto por el ejecutivo. Sobre todo para garantizar que no sean simples redes clientelares organizadas con propósitos empresariales en torno al Estado, con prácticas internas abusivas en materia de derechos ciudadanos y, en general, instituciones carentes de fiscalización y control, con dirigentes fuera de toda responsabilidad, y prácticamente autorregulados.
Por otra parte, la reforma al sistema electoral ha generado en parte de la derecha un curioso "miedo a la participación", al considerar que la inscripción automática favorece al oficialismo.
No resulta comprensible, como lo consignó el propio candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera, sacar una calculadora si se quiere que los jóvenes se integren a la participación política vía registro electoral. Tal argumento también debiera alcanzar el voto de los chilenos en el exterior, habida consideración de los argumentos sobre la modernidad y la globalización.
En tal escenario, con bajo interés por inscribirse en los registros electorales, y baja estima ciudadana por los partidos políticos, el escenario empieza a convertirse en una meseta en la cual ningún edificio político exhibe una estructura sólida. Ello significa que los candidatos presidenciales han iniciado una carrera libre en la planicie, mucho más atada a las circunstancias mediáticas y a su poder personal, que al apoyo orgánico de sus partidos. Clara señal de que el campo está abierto para los caudillos.
