Al más puro estilo de algunos personajes concertacionistas, la alcaldesa de Huechuraba podría ser formalizada por fraude al fisco. Todo indica que el documento del órgano contralor es concluyente a ese respecto. Ella se adelantó renunciando al partido sin avisar y logró politizar un caso que podría tener un desagradable efecto dominó en todo el gremialismo. En la UDI, ya nada es como antes.
Por Felipe Saleh
En la mañana del lunes 21 de abril Carolina Plaza se encerró en su oficina con el administrador municipal Cristian Gore y el abogado Francisco Javier Cox, quien comanda su defensa en el lío que hace más de tres meses la enfrenta con el yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich. Cox, experto en reforma procesal penal y socio de Juan Pablo Hermosilla, defensor de otro implicado en este culebrón, el operador Iñaki Busto, tenía en sus manos el pre- informe de la Contraloría sobre las irregularidades en la comuna, que se había entregado en estricta reserva pocos días antes. Al terminar de leerlo, el penalista fue tajante. "Carolina, esto es muy grave, te pueden formalizar por fraude al fisco", le dijo.
Un segundo después, en un gesto similar al de Cecilia Bolocco cuando oyó que era Miss Universo, Plaza se tapó la cara y en medio de un llanto compulsivo dijo: "Nunca creí que esto podía pasar, nunca pensé que fuera tan grave".
Al día siguiente de esta reunión, el martes 22, Ximena Chong, fiscal adjunta de Delitos Económicos de la zona Centro Norte, pidió todos los antecedentes del caso a la Contraloría, incluyendo el preciado informe, para integrarlos en la investigación caratulada como "Cohecho". Paralelamente, la alcaldesa logró enfriar su cabeza y venticuatro horas después, el miércoles 23, logra que la prensa apunte sus focos hacia ella. Lejos de aclarar el contenido del documento, Plaza sale a explicar las extrañas circunstancias en que desaparecen los dos computadores que ocupaban los funcionarios comisionados por la Contraloría para auditar el municipio.
El acuerdo que no se cumplió
A medida que se acerca el plazo para que la Contraloría publique el informe final sobre los contratos con la empresa vinculada a Iñaki Busto, GMA (según trascendió, el "deadline" se cambió del viernes al lunes para que no se pierda entre la pauta del discurso presidencial), Carolina Plaza se va quedando más sola.
El lunes 19, "Lady Di" se comunicó con dos de los alcaldes investigados por la Contraloría, su antiguo amigo Gonzalo Cornejo, de Recoleta, y Mario Olavaria, de Colina. Entre los tres acordaron ir al Servicio Electoral y renunciar juntos a la UDI. Pero al día siguiente sólo llegó ella y la única que la acompañó en el gesto fue Valentina Egert, concejala de Huechuraba y jefa de prensa de Mario Olavaria en Colina. Plaza, con razón y mucha rabia contenida, dijo a la prensa apostada a la salida que ya no sentía el apoyo de la UDI y que el partido "ya no era lo de antes". Los otros alcaldes prefirieron reaccionar de manera más templada anunciando en El Mercurio de ayer su posible postulación como independientes.
Lo que la alcaldesa calificó como "errores y no corrupción", se entiende claramente como un fraude al fisco. Dentro de los antecedentes que la Contraloría ya entregó a la investigación que sigue el fiscal José Manuel Ramírez (el mismo del caso EFE) se logró determinar plenamente que desde mayo de 2005 a noviembre de 2006 la municipalidad pagó más de $2 millones de pesos mensuales a la empresa GMA por la implementación de la base de datos conocida como la "Ficha Vecino" y otro software bautizado como Sistema de Información Georeferencial (SIG). La investigación de la Contraloría determinó que la Ficha Vecino sólo empezó a funcionar desde noviembre de 2006. Es decir, todos los pagos que se hicieron antes fueron por un servicio que nunca efectuó.
Por otro lado, hasta hoy no se ha podido acreditar el funcionamiento de la otra parte del paquete, el SIG. Paralelamente, Iñaki Busto, el "campañero" de Lavín y Andrés Chadwick (socio de Luis Hermosilla) y socio de GMA, recibió un sueldo que sobrepasaba el millón de pesos por asesorías que no pudieron demostrarse. Por esto, el operador obedeció un dictamen de la Contraloría y dejó de trabajar para la Municipalidad en febrero de 2007.
El contrato millonario
Dos meses después, en abril, el contrato por el "combo informático" se vuelve a licitar pero esta vez la suma es de 5,6 millones de pesos durante 24 meses, que por lo demás no se han dejado de pagar.
Aparte de cuestionar la licitación y la verdadera utilidad de los servicios ofrecidos por GMA, la Contraloría pregunta en el preinforme por qué se subió la cifra del convenio y por qué fue necesario volver a licitar, si el mismo contrato contenía una cláusula que lo renovaba de manera tácita cada seis meses.
Pablo Longueira y la propia Carolina Plaza han dicho que Iñaki Busto "no tiene un peso", como aseguró el senador. Por eso la fiscalía investiga a dónde iba a parar este dinero, que suma un poco más de los 14 millones que hicieron caer a Luis Ajenjo y Patricio de Gregorio en el caso EFE. Cercanos a la investigación aseguran que la indagatoria intenta aclarar el uso de esta plata en campañas políticas.
Otro hecho consignado en el informe de Contraloría sirve para configurar el posible "tráfico de influencias". Está acreditado que las bases del contrato se hicieron en las oficinas del "ganador", GMA. La prueba es un correo electrónico enviado por Jenny Acevedo, representante legal de la consultora (y ex jefa de gabinete de Cornejo que hace algunas semanas viajó sorpresivamente a la India) al mail personal de José Rossi, el administrador municipal de la época.
Durante la reunión en que la alcaldesa rompió en llanto, Francisco Javier Cox, cuyos honorarios de ocho millones de pesos a cuenta del municipio fueron cuestionados por los concejales de la Concertación, se detuvo en este detalle. El abogado pidió los antecedentes respecto de Recoleta, preocupado porque se puede configurar otro delito posible, el de "asociación ilícita", debido a los casos similares que involucran al feudo de Gonzalo Cornejo, asociados a la misma empresa GMA.
Por último, la Contraloría cuestiona el contrato de Isaac Givovich, que figuraba como funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario pero trabajaba como jefe del departamento de informática.
Ponerse colorado una vez
En la UDI, hay dos miradas prácticamente opuestas. Los que acusan a Lavín de "hacer pública una situación que debió resolverse al interior del partido, porque ahora este asunto puede salpicar a toda la Alianza", como resume un diputado. Y otros que creen interpretar las intenciones de Lavín. En el entorno del ex presidenciable dicen que en privado éste ha comentado que se está cumpliendo una vieja profecía de Jaime Guzmán, quien temía que al gremialismo llegara gente que viera la política como un negocio. "Preferimos ponernos colorados una vez y tener un partido a lo mejor más pequeño pero de gente honesta", explica un diputado. Hasta ahora la directiva ha mantenido un silencio relativo. El informe final demostraría que no hay mucho que decir.
