Si bien el informe del año 2007 del organismo resalta la condena masiva a los responsables de la represión durante la dictadura, también pone especial atención en las denuncias por discriminación y abusos en contra de las comunidades indígenas. Es así como cuestiona la aplicación de la legislación antiterrorista a comuneros y recoge la recomendación del Comité de los Derechos del Niño para que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución.
Amnistía Internacional recuerda en su informe anual la condena al ex jefe del servicio secreto Manuel Contreras y a otros agentes por el secuestro en 1974 de Jorge D’Orival, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que posteriormente sería víctima de homicidio.
También alude a la absolución, por prescripción, del coronel retirado Claudio Lecaros en el proceso por la desaparición de dos dirigentes campesinos y un empresario. Aunque antes la Corte había resuelto la no prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"La justicia chilena condenó a varios responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", resalta en ese sentido el documento.
Sin embargo, a la hora de analizar la situación actual sobre los derechos de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional denuncia discriminaciones y abusos.
Por ello, el organismo evoca la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU por la aplicación de la legislación antiterrorista a los activistas mapuches, así como la recomendación del Comité de los derechos del Niño de que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución.
También rememora dos incidentes de insultos racistas y disparos policiales, y de interrogatorio a menores mapuches a quienes se estaba causando «un verdadero terror».
Violencia de genero
El Informe de Amnistía Internacional también recuerda 60 casos de "femicidios" y dificultades para sus enjuiciamiento, así como la propuesta de una nueva ley que incorporaría el asesinato de mujeres como un delito específico en el Código Penal chileno.
La entidad considera en su informe que las huelgas y manifestaciones de ese año «reflejaban un malestar generalizado por las desigualdades económicas, intensificándose el debate sobre la necesidad de un salario mínimo».
Igualmente, A.I. recuerda la extradición a Perú del ex presidente peruano Alberto Fujimori para responder de los cargos de corrupción y violación de los derechos humanos.
