Pese a que el Gobierno ha reiterado que «Chile no es un país corrupto", las presuntas irregularidades descubiertas en EFE durante la gestión de Luis Ajenjo (en la foto) y el desorden administrativo en el pago de subvenciones escolares en el Mineduc han sido dos piedras en el zapato para La Moneda. «Quizá no haya más corrupción, sino que se está viendo más», reflexiona por su parte Davor Harasic, presidente de Chile Transparente.
Chile ocupa el puesto número 22 en el Índice de la Corrupción en el sector público que anualmente elabora Transparencia Internacional, lo que supone la mejor calificación para un país iberoamericano, por delante de Uruguay y España (ambos en el 25) y de Portugal (28).
Es considerado el país menos corrupto de América Latina, sin embargo, diversos casos surgidos en los últimos meses han calado hondo en la imagen de transparencia de Chile.
«La corrupción ha ido en descenso, pero la percepción del problema ha aumentado debido a la forma en la que el país afronta los casos de falta de probidad, a las sanciones y a las correcciones que se aplican», manifestó Davor Harasic, presidente de Chile Transparente.
En tanto en un encuentro con la prensa extranjera el portavoz del Gobierno, Francisco Vidal, señaló que ese fraude alcanza los 3.000 millones de dólares al año. «Chile no es un país corrupto. La investigación de ChileDeportes es grave, pero la mayor corrupción la cometen los ciudadanos que no pagan impuestos», sostuvo.
La destitución por el Parlamento de la ministra de Educación, Yasna Provoste, el uso indebido de vehículos oficiales y la inauguración de un hospital que no estaba terminado incidieron en la desaprobación de los chilenos (un 75,5 por ciento) sobre la forma en que el Gobierno afronta la corrupción, según una encuesta realizada en abril por la consultora Adimark.
En noviembre de 2006, Bachelet promulgó como ley nacional la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y anunció el relanzamiento de la Alta Dirección Pública, un comité independiente para designar a los altos funcionarios mediante concurso público que se aplicaría progresivamente entre 1994 y 2015.
La mandataria socialista propuso entonces ampliar el número de cargos escogidos mediante este sistema y concluir el proceso en 2012, pero dos años después, el proyecto de ley correspondiente «está estancado», explica el responsable de Transparencia Internacional.
Según Davor Harasic, «todas las medidas para evitar la corrupción están en esa agenda de probidad» establecida por la Presidenta y que conlleva la puesta en marcha de un conjunto de leyes, algunas en fase de elaboración y otras que «están durmiendo».
«Quizá no haya más corrupción, sino que se está viendo más», reflexiona Harasic, quien admite que los chilenos son «muy exigentes en esta materia», lo que en su opinión explica que a los ciudadanos les preocupe tanto.
De hecho, una encuesta realizada en abril pasado por la consultora Ipsos reveló que un 45 por ciento identifica la delincuencia, las deficiencias en la atención sanitaria y la corrupción como los principales problemas del país.
Sin embargo, sólo un seis por ciento dice haber pagado una coima (soborno) para que le solucionen un problema en el servicio público durante el último año, de acuerdo a una encuesta realizada entre marzo y abril por cinco institutos especializados.
Así, esta exigencia en la probidad se traduce en una desconfianza profunda en el sector público y un gran desinterés en la política, ya que la confianza en el Gobierno es del 30 por ciento y un 62 por ciento de los encuestados se declara «nada interesado» en la política.
EFE
