El Tribunal de Alzada capitalino ordenó a la magistrada que en un plazo máximo de cinco días remita un informe explicando por qué prohibió difundir la identidad de un abogado imputado por una millonaria estafa que ejecutó en contra de un cliente.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el Colegio de Periodistas contra la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Cecilia Pastene, quien ordenó no difundir la identidad de un abogado imputado por una millonaria estafa que ejecutó en contra de un cliente.
El Tribunal de Alzada capitalino ordenó a la magistrada que en un plazo máximo de cinco días remita un informe explicando su polémica decisión. De lo contrario, la jueza corre el riesgo de ser sancionada con alguna de las medidas disciplinarias, informó El Mercurio.
La Corte de Apelaciones revocó el sábado la libertad del acusado, dictando su prisión preventiva. Hoy el abogado se presentó ante los tribunales para cumplir con la medida cautelar.
Presentación
La acción fue interpuesta el viernes pasado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el presidente del gremio, Luis Conejeros, acompañado del titular de los profesionales de la prensa en tribunales, Erik López, y el abogado Alfredo Morgado.
El escrito se fundamenta en que el fallo afecta los derechos y garantías constitucionales de los medios de comunicación que a diario cubren las alternativas en el Centro de Justicia.
En consecuencia se solicita «declarar ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, manifestada en la resolución que impuso la prohibición referida en el cuerpo del escrito, debiéndose en consecuencia dejar sin efecto la medida y resolución que impide informar en los términos y parte aludidos, por arbitraria e ilegal, en razón de ser transgresora de los derechos cuya tutela se pretende salvaguardar mediante el presente recurso, permitiéndose informar a cabalidad sobre la materia referida, restableciéndose el imperio de los derechos conculcados».
En el texto se subraya que la medida decretada por la jueza Pastén vulnera diversos preceptos legales que rigen en Chile e internacionalmente y se agregó que el fallo transgrede «el derecho a la información de interés público de todos los chilenos».
