El debate no es nuevo. Lo que ha parecido novedoso a más de alguno es ver a ilustres concertacionistas proponiendo sacar un porcentaje de la empresa a la Bolsa. Algo que en rigor no debería sorprender, pues ahí hay personajes ligados a la energía y la minería privada, desde donde no se ven con buenos ojos los nuevos negocios que emprende la estatal. Y otros como Edgardo Boeninger, que promovieron al comienzo de la transición un sistema de inversiones mineras exento de pagar royalty.
Todo comenzó en enero de este año. El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) organizó un seminario titulado "Experiencia del proceso de privatización de la compañía Vale do Rio Doce", una importante empresa minera brasileña, dedicada a la explotación de distintos metales y que fue privatizada a principios de los ’90. Como expositor fue invitado Wilson Brumer, ex presidente de la compañía. A la vuelta del seminario, entre los asistentes hubo sonrisas y se sacaron cuentas más que alegres. "Vale", como la abrevian en el rubro minero, es la "niña bonita", el ejemplo a imitar entre quienes están interesados en hacer modificaciones sustanciales al gobierno corporativo de Codelco.
Luego del encuentro, los organizadores pasaron a la acción. El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), vinculado a la DC, y el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, "realizaron eventos sobre Codelco en fechas cercanas, lo cual fue generando un diálogo entre personas de distinta condición técnica y política, que terminó con la idea de plantear públicamente los consensos sobre Codelco con el fin de apoyar las prontas transformaciones que necesita la empresa", explica Juan Carlos Guajardo, Director Ejecutivo de Cesco.
Por cierto que el diálogo fue altamente fecundo. Terminó en un documento llamado "La urgencia de modernizar Codelco", que incluía la receta para mejorar el gobierno corporativo, un asunto en el que existe consenso desde su presidente Ejecutivo, José Pablo Arellano, hacia abajo. Y el planteamiento público, se hizo en una plataforma inmejorable, el domingo 25 de mayo: El Mercurio. Veintiocho especialistas firmaron la propuesta que fue destacada por lo transversal y tuvo un componente apocalíptico al consignar que "Codelco, tal como está, no da para más".
Los transversales
Aunque cualquier propuesta que implique privatización es un suicidio político, dado que un 70 por ciento de la población se opone, el asunto no es nuevo. Tampoco se habla explícitamente de privatización en el documento, pero su indicación más audaz es la que propone poner en la Bolsa un 20 por ciento de la cuprífera.
"El documento fue producto de varias reuniones, conversaciones, y varias versiones, hasta llegar al punto de convergencia", revela Leonidas Montes, decano de la escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez.
Lo aparentemente novedoso es que entre los firmantes haya personajes vinculados a la Concertación. Es cosa de enumerarlos: Jorge Rodriguez Grossi, presidente de Ferrocarriles, Luis Sanchez Castellón, fiscal de la misma compañía. Los ex ministros Jaime Ravinet, Edgardo Boeninger y Jorge Marshall, el ex subsecretario de Minería Iván Valenzuela, y el ingeniero Mario Waissbluth, miembro del Consejo para la Alta Dirección Pública.
Para Leonidas Montes "la situación de Codelco es insostenible en el largo plazo por ello confluyen personajes de distintos ámbitos y colores políticos. Codelco es un gigante dormido, o más bien amarrado, que no puede explotar todo su potencial, da para mucho más y eso es lo que debemos debatir, cómo liberarlo de sus chalecos de fuerza".
La reforma del gobierno corporativo, al menos en público, es un imperativo para la administración actual. Pero en rigor, el proyecto que la aborda está estancado en el Parlamento hace más de un año. La idea es darle más autonomía a la empresa para emprender nuevos negocios "y que no venga después una comisión investigadora y te acuse de robarte la plata, si el negocio no resulta", dice una fuente de la estatal.
¿Quién le teme a Codelco?
En la cuprífera, también están concientes que a pesar de todos los problemas, incluyendo los asuntos sindicales que tanto parecen alterarla, siguen siendo una empresa rentable. El año pasado entregó al Estado US$8500 millones, casi un tercio de los ingresos totales del país. Por eso, los problemas más que en el gobierno corporativo parecen estar en las áreas de negocios que la estatal ya empezó a explorar, y que podrían alterar el mercado de manera muy incómoda para algunos. Tal como ocurrió en 2003 cuando entró en operaciones el megapuerto de Mejillones, un fuerte dolor de cabeza para Ricardo Claro, el operador portuario más grande de Chile y que veía una amenaza para sus intereses en Iquique y Antofagasta. Antes de que fuera inaugurado, en los medios se destacaban sus atrasos, llegándolo a bautizar como el "megacuento" de Mejillones.
El mercado energético, basado en la operación de grandes empresas privadas, podría sufrir notorios cambios cuando la minera concrete sus dos grandes proyectos en esa área: la planta de desembarco de gas licuado (GNL) en Mejillones y el proyecto de termoeléctrica que tiene en la zona de Farellones, en la Cuarta Región, y que podría generar 850 Mega Watts, la mitad de lo que produce una de las centrales de Hidroaysén. Codelco ahora utiliza aproximadamente un 15% de la energía que se genera en el país y si lograra producirla por si misma, se podrían abaratar los costos hacia el usuario residencial.
En el documento publicado por El Mercurio, hay algunos firmantes que han estado vinculados a la energía como el propio Jorge Rodríguez Grossi, ex gerente de Guacolda S.A, y Luis Sánchez Castellón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, ambos ex funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos.
Entre los actores del negocio minero no hay nadie que rechace una oferta de participar en el 20% de Codelco, que a pesar de las limitaciones concretas que tiene, sigue ostentando un alto nivel en las clasificadoras de riesgo. Entre los que apoyan la propuesta transversal hay personajes vinculados al área minera. Jaime Ravinet es socio de la multinacional Geotec Boyles, especialista en exploraciones. Mientras que desde un rol más secundario pero no menos influyente, actúa Mario Waissbluth. Su empresa Ingetec tiene a Codelco entre sus clientes y en 2005, el ingeniero participó en el desarrollo de un proyecto tecnológico para la División Andina.
La historia se repite
La historia parece ser cíclica. A principios de los ’90, cuando el gobierno pensaba cómo abordar el negocio del cobre después de la dictadura, Cesco organizó un seminario donde todos los invitados quedaron convencidos de que era mejor dejar las cosas tal como estaban en el régimen militar, sin considerar la posibilidad de un royalty y menos de un impuesto específico a las grandes inversiones extranjeras que se avizoraban con el advenimiento del régimen democrático.
Sin embargo, la discusión continuó en los años siguientes. En 1992, el Ministro de Minería de la época, Juan Hamilton, era partidario de imponer un tributo para la minería privada, tal como existía en todos los países del mundo. Pero encontró una muralla en el propio gobierno de Aylwin. Partiendo por el subsecretario Iván Valenzuela y luego por el ministro encargado de promover el tema en el Congreso, nada menos que Edgardo Boeninger. Los dos ahora también firman el documento que urge para que Codelco se reforme. En esa época, Jorge Rodríguez Grossi trabajó analizando el convenio de inversión que se había hecho con Escondida en 1984.
Recién el 2005 se aprobó una especie de Royalty a la minería, que en verdad podría ser calificado como una limosna considerando las ganancias de estas compañías. Según datos del Centro para el Desarrollo Alternativo, Cenda, hasta antes del royalty algunas empresas o bien declaraban pérdidas, o ganancias irrisorias para los volúmenes de negocio del sector. Tal vez por eso a nadie le conviene que las cosas cambien, cosa que podría cambiar con los nuevos negocios proyectados por Codelco.
