La defensa del ex Seremi del Trabajo, José Manuel Mansilla López, uno de los cuatro procesados por el traspaso de fondos públicos a campañas políticas, solicitó la suspensión con el fin de estudiar los cuatro tomos que contienen el caso.
Postergado por diez días quedó el juicio oral del denominado Caso PGE o «empleos brujos» previsto para hoy a las 9:00 de la mañana.
La defensa del ex Seremi del Trabajo, José Manuel Mansilla López, uno de los cuatro procesados por el traspaso de fondos públicos a campañas políticas, solicitó la suspensión con el fin de estudiar los cuatro tomos que contienen el caso.
La defensa había pedido al tribunal la suspensión por un mes de la causa, lo cual fue rechazado por el Ministerio Público por lo que el juicio se reanudará la próxima semana.
El caso
El 7 de diciembre de 2005 el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció que la candidatura a diputado PS Marco Enríquez-Ominami (PS) utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho.
El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por fraude al fisco.
En abril, el Ministerio Público acreditó que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de activistas políticos. El fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott Charme, formalizó por el delito de fraude al fisco a Edgardo Lepe ex presidente del PS regional, ex jefe de gabinete del senador Carlos Ominami y jefe de campaña de su hijo Marco Enríquez-Ominami.
«Entre los meses de octubre y diciembre de 2005, José Manuel Mancilla López (ex seremi del Trabajo) y Jaime Quiroz, ambos funcionarios públicos, se concertaron con Edgardo Lepe (ex jefe de gabinete y jefe de campaña de Enríquez-Ominami) a fin de usar dineros destinados a financiar programas de inversión en la comunidad para fines de campaña política».
En la audiencia de formalización de cargos contra varios de los supuestos involucrados en desvíos de fondos en la V Región, el Ministerio Público señaló $4400 millones, como cifra preliminar del perjuicio fiscal en la zona.
El 27 de febrero de 2006, el Ministerio Público formalizó cargos, también por fraude al Fisco, contra Mancilla y Malatesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la Intendencia y adulteración de documentos. Se investiga el uso de unos $70 millones de pesos.
