Luego de dos meses de trabajo la entidad dirigida por Ramiro Mendoza fue concluyente: El municipio de la alcaldesa ex UDI firmó dos contratos con la empresa GMA para un sistema informático que nunca funcionó. Y aunque los dos se suscribieron para un mismo fin, el primero fue por más de $56 millones y el segundo por más de $100 millones. También da cuenta de la contratación de personal no calificado para hacerse cargo del área informática, incluido el yerno de Joaquín Lavín. El operador de la UDI
Debieron pasar dos meses para que la Contraloría General de la República emitiera este martes el esperado informe final sobre las irregularidades detectadas al interior del municipio de Huechuraba.
Y el organismo dirigido por el contralor Ramiro Mendoza fue concluyente al establecer la responsabilidad de la alcaldesa Carolina Plaza -ex UDI- en la contratación de los servicios de la empresa GMA para una plataforma informática que nunca funcionó y cuya puesta en marcha el municipio tampoco pudo acreditar.
De hecho, se indica que el primer contrato por más de 56 millones de pesos que se adjudicó la firma -tras ganar una propuesta pública- era para la «contratación de servicios para el desarrollo, mantención y administración de un sistema de información comunal», orientado «a mejorar la calidad, cobertura y gestión de la función municipal». Para tal efecto, se ideó la creación de un sistema informático para localizar geográficamente los eventos de interés comunal, estableciéndose items para la mantención, soporte y capacitación.
La Contraloría estableció que dicha firma se llevó a cabo cuando el operador de la UDI Iñaki Busto se desempeñaba como asesor del municipio y al mismo tiempo era socio de la empresa en cuestión.
Lo más grave, sin embargo, es que posteriormente Huechuraba firmó un segundo contrato con GMA, pero esta vez por más de 100 millones de pesos para el mismo fin del primero, pero estableciendo condiciones más desventajosas.
«En tales condiciones, debe mantenerse el reparo en orden a que el segundo contrato era sólo una prolongación del primero por un precio superior al original y en condiciones más desventajos para la Corporación Edilicia», dice el informe.
El contrato a Givovich
La Contraloría también cuestiona la contratación de personal no apto para las funciones requeridas. De hecho pone en tela de juicio el contrato a honorarios que se hizo entre el 1 de noviembre de 2006 y el 13 de febrero de 2008 al yerno de Joaquín Lavín Isaac Givovich, cuya denuncia de irregularidades encendió la mecha que hizo estallar el escándalo y que motivó la renuncia de Carolina Plaza a la UDI, por el -a su juicio- poco apoyo recibido de parte de la colectividad.
Givovich, puntualmente, fue contratado para una función y terminó realizando otra. De hecho, llegó para trabajar en la Dirección de Desarrolllo Comunitario y terminó haciéndose cargo del área informática.
Curiosa resulta también la situación de su antecesor en el municipio, Cristián Otaegui, quien es sobrino del ex senador de la UDI Carlos Bombal.
La Contraloría señala que Otaegui se desempeñaba en informática sin contar con un título profesional relacionado con el área ni nada que acreditara experiencia al respecto.
En sus conclusiones, la Contraloría anunció que «investigará las responsabilidades administrativas de los funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, que han tenido participación en los hechos irregulares que se advierten en este informe, iniciando en la oportunidad los sumarios administrativos que corresponden».
Y agregó que ello es «sin perjuicio de la remisión, en los plazos legales, de los antecedentes al Tribunal de Cuentas, para la determinación de las responsabilidades civiles que puedan haberse originado por el daño causado al patrimonio municipal, en relación a los hechos investigados».
Otros cuestionamientos
El informe describe que la Ficha Vecino elaborada por Huechuraba tenía un ítem para identificar qué vecinos estaban inscritos en los registros electorales, a los cuales se les otorgaría un trato especial.
El tema fue calificado como grave por los concejales DC de Huechuraba, quienes se apresuraron en llevar a cabo una conferencia de prensa poco después de conocer el contenido del documento.
Asimismo, da cuenta de documentos con la fecha adulterada y principalmente -como ya se mencionó anteriormente- la falta de experiencia de los funcionarios
Además:
Vea el informe final de la Contraloría (En formato PDF)
