En diciembre de 1978, tras descubrirse los cadáveres de 18 campesinos y obreros en Lonquén, la dictadura ordenó la operación «retiro de televisores», por los que los restos fueron desenterrados, echados en sacos y lanzados al mar. Por El Mostrador.cl
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó hoy a nueve militares retirados chilenos por la exhumación ilegal de cadáveres de víctimas de la dictadura que después fueron hechos desaparecer, informaron fuentes judiciales.
El fallo, dictado por la Octava Sala del tribunal de alzada, se refiere al caso conocido como «retiro de televisores», que fue el nombre otorgado por la dictadura a la operación, destinada a borrar las huellas de los crímenes cometidos tras el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Los jueces determinaron una sentencia de 270 días de prisión y el pago de una multa equivalente a 493.150 pesos a los nueve ex oficiales y suboficiales del Ejército participantes en la operación.
Las víctimas corresponden a detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, que fueron llevados al Regimiento Tacna y posteriormente fusilados en el recinto militar de Peldehue, a unos 30 kilómetros al noreste de Santiago.
En diciembre de 1978, tras descubrirse los cadáveres de 18 campesinos y obreros en Lonquén, otra localidad cercana a Santiago, la dictadura ordenó la operación «retiro de televisores», por los que los restos fueron desenterrados, echados en sacos y lanzados al mar.
La Corte de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia, que había absuelto a dos de los implicados y aplicado la prescripción a los otros siete, al considerar el delito un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
El delito, según los jueces, constituyó «el último eslabón de una cadena que se inició con la detención de un grupo de personas en el Palacio de La Moneda el 11 de Septiembre de 1973».
Entre las víctimas había asesores y miembros del grupo de seguridad del presidente Salvador Allende, muerto durante el golpe, que fueron amarrados de pies y manos con alambre, subidos a un camión militar y trasladados a Peldehue.
En ese lugar, fueron fusilados y enterrados en un pozo al cual fueron arrojados o cayeron a medida que eran ejecutados.
La resolución agrega que «inequívocamente» la exhumación fue el último eslabón «de la cadena de que formó parte del ataque sistemático y generalizado en contra de miembros de la población civil, conforme al plan implementado por la autoridad militar que detentaba el poder»
Investigaciones
Las indagaciones realizadas por el Departamento Quinto de Investigaciones y el juez Juan Guzmán fueron determinantes para descifrar quién estaba detrás de la orden.
Estas develaron que entrado el año 1979 suboficiales de inteligencia del Regimiento Húsares de Angol recibieron un criptograma categoría A-1, que indica "máxima urgencia", en la cual se ordenada desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer.
La orden provenía directamente del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet y fue enviada a todos los regimientos del país.
De esa forma se puedo establecer que el hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos correspondía a la llamada "Operación Retiro de Televisores".
Con esa frase se encubrió la tarea, de acuerdo con quienes han declarado en el proceso. La misma orden se recibió por esos días en todos los regimientos, aunque a algunos arribó a fines de 1978.
