‘Postura aliancista sobre lo inconstitucional de educ. pública es disparate’ - El Mostrador

Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 05:26

Agustín Squella entra al debate de la LGE

'Postura aliancista sobre lo inconstitucional de educ. pública es disparate'

por 16 junio, 2008

El ex rector de la Universidad de Valparaíso hace un crítico análisis de la clase política, y que va mucho más allá del espectáculo que se ha dado en torno a la discusión por la polémica Ley General de Educación (LGE). A su entender, el Gobierno ''saca mejor nota'' que las dos coaliciones hegemónicas, aunque tampoco queda bien parado.

Julio será un mes bastante movido para el abogado y periodista Agustín Squella. Al menos en lo que a literatura se refiere: a principios de mes publica el libro "Según pasan los años", selección de sus columnas publicadas en El Mercurio durante los últimos 10 años y que está en la misma línea que "Astillas", que reprodujo las notas publicadas entre 1992 y 1998.



A reglón seguido, a fines de ese mes también, estrena el título "La nueva institucionalidad cultural de Chile", tópico sobre el que el ex asesor presidencial de Ricardo Lagos en la materia ya había incursionado con "El Jinete en la Lluvia".



Humanista de tomo y lomo, este profesor de Filosofía del Derecho conversa con El Mostrador.cl y realiza un crítico análisis de la clase política y sus devaneos en torno a la polémica y aún incierta aprobación de la Ley General de Educación (LGE).



La clase política logró acuerdos en el tema educacional, que se han visto sobrepasados por las demandas ciudadanas. ¿Qué pasa cuando la política no logra encausar el malestar social?



-Lo peor no ocurre cuando la política no consigue encausar el malestar social, sino cuando lo produce, cuando es una de las causas de éste. Y nuestra clase política (aunque yo no sé si atendida su actual condición da para referirse a ella con la palabra "clase") es hoy un factor de mucho malestar social. Y ello por su baja calidad, tardías reacciones, mala formación de sus cuadros dirigentes -incluidos no pocos diputados y senadores-, continuas reyertas internas en los partidos que poco o nada tienen que ver con las ideas y sí mucho que ver con las carreras políticas personales de sus protagonistas, y a qué seguir.



A muchos de nuestros políticos les importa poco el país, la alianza en que están, el partido en que militan, el sector o "sensibilidad" dentro de su partido en que se inscriben, y lo único que parece quitarles el sueño es cómo se las arreglan para llegar a la Cámara o al Senado, o para permanecer en cualquiera de ellas por tres, cuatro o más períodos. O peor, aun, cómo hacen para figurar con algunos puntitos en las encuestas que están midiendo preferencias ciudadanas de cara a la próxima elección presidencial.



Entonces su evaluación de la forma en que se ha manejado políticamente el tema educacional es bastante críticaÂ…



- Los actores políticos nacionales, tanto de la Concertación como de la Alianza, están manejando mal casi todos los temas (y a veces no los están manejando en absoluto) y la educación no hace excepción a ello. Para mi gusto, el gobierno actual, con todas sus fallas, está actuando mucho mejor de cómo lo hacen los partidos de la Concertación y los que forman la Alianza. O sea, el gobierno, al menos para mi manera de ver las cosas, saca mejor nota que las dos coaliciones de partidos, incluida por cierto aquella que lo apoya.




¿Y cómo evalúa la postura de la derecha acerca de que la educación pública es inconstitucional?



-Opino que se trata de un disparate. ¿Existe algún país de la tierra donde no haya educación pública? La derecha nunca ha sido muy fuerte en temas constitucionales. Se echó al bolsillo la Constitución de 1925, la reemplazó luego por una constitución aprobada de la manera menos digna que cabe imaginar.



Instauró con ella un inaceptable régimen de democracia protegida, y demoró hasta 2005 la entrega de sus votos en el Congreso para eliminar de la Constitución instituciones tan absurdas y antidemocráticas como la de los senadores designados. Y calculen ustedes cuánto tiempo demorará sus votos para reformar el sistema binominal, instalar la inscripción automática y el voto voluntario, y permitir que los chilenos que viven en el extranjero -que son también ciudadanos chilenos con derecho a voto- puedan ejercer este derecho desde los países en que actualmente viven.




¿Entonces considera que la discusión de la importancia que el Estado debe darle a lo público, tanto a nivel de colegios como universitario es el camino a seguir?



-La dicotomía no es entre Estado y mercado, sino entre cuánto Estado y cuánto mercado. Un neoliberal al extremo querría tener únicamente mercado y, en cuanto al Estado, sólo el suficiente para que resguarde el orden público, proteja las fronteras y asegure el derecho de propiedad que le asiste sobre sus pertenencias. En el otro extremo, alguien querría tener únicamente al Estado, de manera que el mercado quedara relegado a una mínima expresión.



Ya sabemos dónde conducen ambos extremos, sobre todo el segundo, porque, en cuanto al primero, todavía no parece haber suficiente conciencia del alto precio que puede pagar un país cuando reduce el Estado y cree que el desarrollo llegará como por arte de magia y merced sólo al libre juego de la iniciativa privada y los negocios.



¿Y la "nostalgia" que se percibe actualmente por un rol más preponderante del Estado, no se contradice con la estrategia de globalización y privatización a la que han apuntado los gobiernos de la Concertación?


-En materia de educación, como en tantas otras, hay que establecer buenas combinaciones o alianzas entre lo público y lo privado. Existe un derecho a la educación, y ese derecho no puede ser satisfecho sólo por el Estado ni menos sólo por los privados. Y hay que cuidarse de confundir estímulos al sector privado para que incursione en la educación (lo cual está muy bien) con privatización total de la enseñanza (lo cual estaría muy mal).



Y a mi juicio, lo que los gobiernos de la Concertación han hecho tiene que ver con lo primero, no con lo segundo.



Pero cualquiera sea el alcance de tal alianza, el Estado no puede renunciar a la supervisión y control de un sistema educacional que no puede quedar librado únicamente al autocontrol de los propios actores. Casi nadie es capaz de autocontrolarse en la medida que se requiere, y la mayoría de los actores educacionales privados privilegia sus intereses económicos, ideológicos, religiosos, y eso tiene que tener un límite.



Porque fíjese usted: todos hablan contra el Estado y quisieran verlo lejos, reducido a la mínima expresión, lo cual les vale sólo mientras las cosas marchan bien. Pero basta que las cosas vayan mal, en cualquier orden de la vida nacional, para que se clame por la intervención del Estado. ¿Qué hicieron los importadores cuando el dólar llegó a cotizarse a más de $700? Permanecer callados y hacer grandes utilidades. ¿Y qué hicieron cuando el dólar cayó por debajo de los $450? Llorar desconsoladamente sus penas y pedir a gritos la intervención del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.




En vista de la situación actual ¿cuáles son los plazos en que usted cree que esto se resuelve?



-El actual proyecto de ley de reforma o cambio de la LOCE no contiene normas sobre educación superior, y lo que cabría esperar es que, más temprano que tarde, se presente un proyecto relativo a ese nivel de la enseñanza, tomando como base lo que fue el informe del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior. Pero si se llegare a caer el actual proyecto de LGE, dudo que más adelante pudiera prosperar una iniciativa que pretendiera hacer cambios en la LOCE en lo que a educación superior se refiere.



Chile y el horror al conflicto



Actualmente está en discusión específicamente el tema de la educación escolar, pero el turno de la educación superior se encuentra stand by ¿cómo evalúa esta situación?



-La educación superior espera su turno, pero el tiempo de este gobierno se acaba y es probable que nada alcance a hacerse legislativamente en lo que concierne a ese nivel de la enseñanza. Será algo que los universitarios lamentaremos, sobre todo los de las universidades estatales, porque las privadas, concentradas en ganar dinero o propagar cualquier tipo de fe religiosa, filosófica o empresarial, se las han arreglado bien sin necesidad de cambios legislativos y continuarán haciéndolo. Es a las universidades públicas, no a las privadas, a las que perjudica la inercia y sequía legislativa en materia de educación superior. Y quizás sea precisamente por eso que ante tal inercia y sequía sean muy pocos los que reaccionan con molestia.



Durante el gobierno de Ricardo Lagos uno de sus nortes se refería a la refundación de la República. Hay íconos de este republicanismo, como las universidades estatales, que hoy están en una seria crisis. ¿hay un retroceso en este aspecto?



-Es un hecho que las universidades estatales han estado claramente desatendidas por el Estado. No desatendidas del todo, pero sí atendidas por debajo de la importancia que tienen, de las necesidades que arrastran y de la precaria situación en que las dejó el régimen militar, sobre todo en regiones.



Salvo el caso de la U. de Chile, las universidades estatales continúan rigiéndose por los mismos estatutos que para cada una de ellas dictó el gobierno militar. ¿Puede haber un mejor y más patético ejemplo de la desatención que mencioné antes? Aunque, para ser justos, en esa tan anómala situación cabe también responsabilidad a las propias autoridades de las universidades estatales, y a las comunidades académicas y estudiantiles de éstas, para las cuales el cambio de los estatutos no ha constituido hasta ahora prioridad.



Pero la más bien escasa atención que han recibido del Estado no puede excusar la mala y aun pésima gestión que ha habido al interior de algunas universidades estatales en lo que va corrido de 1990 a la fecha.



Me gusta decir que las universidades estatales no pueden pronunciar la palabra "autonomía" para mantener lejos de ellas a los gobiernos, y olvidarse de la autonomía y correr al Ministerio de Educación o de Hacienda cada vez que por una mala gestión se han metido en problemas. Y tampoco los gobiernos pueden escudarse en la palabra "autonomía" para no intervenir, en casos en que deben hacerlo, en universidades que son del Estado, que pertenecen a la sociedad chilena en su conjunto, y cuyos directivos las puedan estar llevando en un momento dado directamente al abismo.




En una columna publicada en Terra, Guillermo Tejeda afirma que el "pinochetismo institucional" se quedó a vivir con nosotros. Y da como ejemplo la educación universitaria pública, argumentando que está abandonada a su suerte y que la universidades privadas en muchas ocasiones no pasan de ser negocios inmobiliarios o de adoctrinamiento religioso o ideológico



-Hay mucho de cierto en tales afirmaciones, aunque habría que matizarlas en el sentido de que existen algunas pocas universidades privadas -muy pocas a decir verdad- que han dado pruebas de estar prestando servicios educacionales por motivaciones más dignas que hacer dinero o pastorear jóvenes hacia sus capillas filosóficas, religiosas, o empresariales.



A su entender ¿cuáles son las tensiones políticas y sociales que han quedado a la vista con todo el tema de la educación, la LGE, los pingüinos y los universitarios?



- No hay país de la tierra, menos tratándose de sociedades que no han alcanzado la meta del desarrollo, donde no se viva en medio de tensiones políticas y sociales y, desde luego, económicas y culturales. Lo que pasa es que en Chile tenemos horror al conflicto, como si se tratara de una patología y no un fenómeno inseparable de la vida en sociedad.



Durante toda la década de los 90 y parte de ésta, ese horror al conflicto se tradujo en una fuerte contención de las demandas de los grupos más vulnerables y en lo que se llamó "democracia de los acuerdos". Pero esa democracia de los acuerdos fue bien rara, porque ni siquiera teníamos una auténtica democracia. Esta sólo vino a consolidarse con las reformas constitucionales de 2005, las cuales pusieron término a las más groseras limitaciones que la Constitución de 1980 había puesto a nuestra democracia.



Hoy las cosas han cambiado y tendremos que acostumbrarnos a vivir con las tensiones del caso y a lidiar, por cierto que pacíficamente y con prudencia, con los muchos conflictos que continuarán produciéndose.






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