La resolución del ministro Carlos Cerda revela el criterio que sigue el organismo antes de que esta acción procesal prescriba, ya que en agosto próximo se cumplen cuatro años desde que el Congreso de Estados Unidos revelara la telaraña de inversiones de Pinochet en bancos del país del norte y Europa. Una vez que el magistrado acuse, 87 podrían ser los »sujetos pasivos» que deberían devolver el dinero, entre familiares y bancos nacionales y extranjeros.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) prepara el terreno para presentar las demandas civiles -y pedir así la devolución de dineros- en el proceso que sustancia el ministro Carlos Cerda por las millonarias cuentas del ya fallecido general Augusto Pinochet y su familia en el banco Riggs.
En una resolución dictada por el magistrado, se señala que el organismo se reservó ejercer las acciones aludidas, las que podrían ir dirigidas en contra de 87 destinatarios. Entre ellos está la familia Pinochet y los sujetos pasivos que podrían ser los bancos que aparecen manejando los dineros del clan como, el Chile y el Citibank.
Esta acción de carácter procesal la realiza la entidad como querellante y defensor de los intereses del fisco, a la espera de una próxima acusación y revela el criterio que seguirá en esta investigación.
Recientemente el caso Riggs se reactivó, luego que Cerda reasumiera la indagatoria y dictara una diligencia que había ordenado la Suprema tendiente a que la Universidad de Chile realice un mega peritaje que determine cómo obtuvo Pinochet su fortuna, la que asciende, de acuerdo a los antecedentes contenidos en el proceso, a poco más de 30 millones de dólares. La pesquisa será coordinada por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil.
Básicamente, el CDE busca evitar que las acciones civiles que puede impetrar prescriban, ya que el plazo es de cuatro años, en relación al inicio de la investigación que comenzó oficialmente en agosto de 2004, una vez que el congreso norteamericano hizo públicas las cuentas de Pinochet en el Riggs, como en otras instituciones financieras de Europa y las triangulaciones a través de paraísos fiscales.
Un caso similar a este ocurrió recientemente con la investigación que tramita la ministra Gloria Ana Chevesich en contra del ex subsecretario de Transportes y ex director de EFE, Guillermo Díaz, en el caso MOP-GATE.
En este, el CDE junto con las acciones de carácter penal se reservó este derecho para que devuelva los dineros fiscales que le sirvieron para pagar pasajes, estadía y la realización de un postgrado en España.
