La Fundación Nacional de Discapacitados (FND) formuló este miércoles un llamado al Gobierno para que no siga discriminando al sector y asigne la pensión de invalidez a todas las personas con discapacidad desde la niñez.
La ONG especializada en discapacidad señaló que la Reforma Previsional supuestamente reconoce y consagra los derechos sociales fundamentales de los discapacitados. «Sin embargo lo que vemos, es la implementación de barreras y filtros que impiden la entrega universal y accesible de pensiones para el sector que alcanza más de 2,5 millones de personas en Chile», señaló la entidad.
"Dos semanas antes de ser puesta en marcha la nueva reforma previsional, observamos que como está diseñada, representa más discriminación y exclusión hacia las personas con discapacidad, en la entrega de las pensiones básicas solidarias (PBS), que a partir de julio reemplazan a las pensiones asistenciales (Pasis), lo que viene a agudizar el sinnúmero de dificultades sociales que el sector debe enfrentar a diario", dijo Alejandro Hernández, presidente de la Fundación.
Hernández explicó también que los requisitos para que las personas con discapacidad de 18 a 65 años accedan a la pensión, resultan discriminatorios. «La ficha de Protección Social, instrumento utilizado para medir pobreza, exige un mínimo de 11.734 puntos para ser considerado parte del 40% de las familias más pobres del país. Además se requiere ser declarado ‘inválido’ por las AFP en más de un 75%. Recién ahí se es beneficiario de una pensión de invalidez», explicó.
Al mismo tiempo criticó el hecho que la Reforma Previsional exija un alto porcentaje de discapacidad, insolvencia y ser carga pasiva, lo que a su juicio fomenta el 90% de cesantía que afecta al sector, ya que sólo el 1,0% tiene contrato laboral. «Pedir como requisito estar cesante, es un descriterio de la reforma», sostuvo.
Finalmente manifestó que «estamos frente a un ‘Transantiago Previsional’, donde quedan cientos de miles de discapacitados al borde del camino, con sus derechos humanos vulnerados, porque el derecho a una seguridad social digna es un derecho intransferible e irrenunciable consagrado por la Convención Internacional por los Derechos Humanos de Todas las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en Abril de 2007. El Estado no puede pretender que por una ficha, la persona renuncie a sus derechos fundamentales», enfatizó.
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