La sombra del “gobierno de administración” pesa sobre La Moneda - El Mostrador

Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 12:32

Si no se aprueba la LGE

La sombra del "gobierno de administración" pesa sobre La Moneda

por 19 junio, 2008

Si hubiera que poner un termómetro al momento político en torno a la reforma educacional, la tensión estaría al límite. Sobre todo porque si el proyecto es aprobado hoy, lo será con los votos de la derecha, amén de un oficialismo profundamente dividido. Pero el Gobierno ha tirado todo a la parrilla para alinear a sus parlamentarios, pues el análisis es que si rechaza la LGE, los costos políticos son demoledores para lo que queda del mandato de Bachelet.

¡No a la LGE! ¡No a la LGE! gritaban los profesores liderados por el presidente del gremio, Jaime Gajardo, presentes en la Cámara de Diputados mientras los parlamentarios discutían el vilipendiado proyecto. El No a la iniciativa también se hacía sentir fuera del edificio en la voz de miles de estudiantes y docentes que se manifestaban en contra en distintas ciudades del país.



Una protesta que podría verse como cualquier otra, pero que tiene un trasfondo que le da un peso distinto. Porque si bien es cierto que anteriormente hubo reformas impulsadas por la Concertación, como el Auge, que estuvieron a un tris de no ser aprobadas pero que finalmente obtuvieron los votos necesarios y se anotaron como un punto del oficialismo, el rechazo de la LGE cuenta con un movimiento social muy fuerte que sustenta a los parlamentarios que no la aprobarán.



Y en La Moneda están concientes de ello. De hecho, es uno de los dos motivos que, según fuentes de Palacio, habrían generado el desorden en las filas oficialistas en torno al acuerdo con la oposición. La causa inicial fue la destitución de la otrora ministra de Educación, Yasna Provoste "que instaló broncas muy grandes en la Concertación con respecto a la derecha".



La sal que añadió a la herida el surgimiento de los movimientos sociales transformó una oposición "subterránea" y más bien tímida, encabezada por el diputado Carlos Montes (PS), en una oposición más explícita y potente, que dio pie a que incluso 40 parlamentarios pidieran retirar la urgencia a la iniciativa para poder discutirla ampliamente.



Por ello, el Gobierno se está jugando todas sus cartas para impulsarla. El compromiso de que Bachelet firme un proyecto paralelo relativo a la educación pública, que debe estar terminado en las próximas semanas, fue la llave para que, tras la reunión almuerzo celebrada entre el comité político, los presidentes de partido y los jefes de bancada en el Congreso, se lograra alinearlos para votar al menos la idea de legislar. Pero no hay compromiso con respecto a las indicaciones.



"Probablemente tendremos algunos diputados de la Concertación votando en contra, pero un grupo minoritario. En la DC espero que no haya nadie, así que estamos trabajando para eso", explica el diputado Eduardo Saffirio (DC).



Tampoco está claro si se incluirá o no el texto acordado con la Alianza, que ha sido ampliamente rechazado por el oficialismo. De hecho, la timonel DC Soledad Alvear y el líder radical José Antonio Gómez pidieron durante la reunión que no se ingresara. "Lo que interesa es que se apruebe la ley, no las indicaciones. Y si llegara a ingresar cada parlamentario verá como la votará. Yo votaré en contra, pero no estoy en condiciones de saber cómo lo hará el resto. En todo caso, el Gobierno hoy tendrá que tomar la decisión en función de sus propios análisis", aclara el falangista.



Así las cosas, la profunda división de la Concertación se siente. Y aún más si se toma en cuenta que la LGE será aprobada con los votos aliancistas.



La jugada gubernamental



Según explican fuentes gubernamentales, el ahínco oficialista para echar adelante la iniciativa atiende a que el rechazo a la eventual reemplazante de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) plantea un escenario a futuro "gravísimo, que no podría pasar como un trámite. Y el Gobierno tendría que entrar en una suerte de reflexión estratégica para redefinir sus ambiciones. Además que sería imposible alinear a los parlamentarios luego de esto, porque más encima vienen las elecciones".



En el corto plazo, la coalición oficialista podría aparecer como incapaz de sacar adelante una iniciativa prioritaria, a pesar de tener el acuerdo de la derecha. Y se apruebe o rechace el proyecto, un costo que ya se baraja en la Concertación, es que aparezca muy dividida y con gran número de parlamentarios en contra.



En palabras simples, se abriría una crisis, ya que significaría una dificultad insalvable desde el punto de vista de cumplir con el programa de la Presidenta Michelle Bachelet. "Pasaríamos a ser un Gobierno de administración. Si se empantana la reforma educacional es muy difícil que seamos capaces de presentar otra reforma", aseguran desde La Moneda.



En todo caso, y aunque en menor medida, la Alianza también quedaría en mal pie frente a la opinión pública si se rechaza el proyecto, al oponerse la posibilidad de introducir ideas para fortalecer la educación pública.



En suma, el sistema político en general podría terminar pagando un alto costo de deslegitimación.



El divorcio de lo político y lo ciudadano



El segundo tiempo de los pingüinos no era algo esperado en el entorno concertacionista. Al menos no en los altos círculos políticos.



Desde el interior de Palacio consideran que el movimiento estudiantil tiene un componente más cultural que referido al proyecto propiamente tal. Por lo que auguran que no va a parar aunque se apruebe o no la LGE. "Es un fenómeno que el Gobierno no ha medido con suficiente cuidado. El tema de fondo es más valórico, de insatisfacción con el tipo de sociedad que estamos construyendo. Los jóvenes no se sienten representados, sienten un desprecio profundo contra el sistema, los partidos políticos y los parlamentarios. Así que si alguno cree que se ganará su cariño por votar en contra, simplemente no entiende lo que está pasando en la calle".



También reconocen la complejidad de que los acuerdos políticos no reflejen el sentir ciudadano, ya que "da cuenta del divorcio del mundo político con lo social y ciudadano. Y cómo se resuelva va a depender de la forma en que el sistema político reaccione. Si el sistema se paraliza sería gravísimo, pero tampoco puede desoír completamente a este clamor ciudadano".




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