El proyecto sobre educación pública anunciado por La Moneda para alinear a sus parlamentarios en la aprobación de la LGE, bien podría ser un simple saludo a la bandera. Incluso la controvertida iniciativa, aprobada en la Cámara Baja, deberá sortear un cuadro impredecible en el Senado. Todo, sumado a los movimientos estudiantiles y docentes que seguirán siendo el telón de fondo de una discusión que está lejos de haber terminado.
El trueque realizado entre La Moneda y sus parlamentarios, que tuvo como moneda de cambio la promesa de un proyecto de ley para reforzar la educación pública, bien podría transformarse en un simple saludo a la bandera.
Porque la desventaja numérica de la Concertación en el Parlamento no desaparecerá en los próximos meses, lo que situaría una nueva discusión en torno al tema en un pie similar al actual: los votos no son favorables, por ende, es muy poco probable que la iniciativa prospere.
Siendo realistas, el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet se trata más bien de una estrategia, que junto con destrabar la negociación, permitió insistir en el interés, a modo testimonial, de buena parte del oficialismo por fortalecer la educación pública. Pero que dista bastante de ser una vía medianamente realista de concretar.
Situación que no ha sido discutida públicamente, pero que los propios parlamentarios reconocen. "Es muy difícil que se logre, pero es nuestra tarea. El tema es que esta ley necesita quórum", explica el senador y miembro de la Comisión de Educación, Mariano Ruiz Esquide (DC).
Todavía no está claro si se requerirá de quórum simple, aunque desde el Mineduc adelantan que es lo más probable, en cuyo caso los votos de los independientes serían claves: "(Fernando) Flores y (Adolfo) Zaldívar resultan esenciales. Si es (de quórum) calificado, estamos en el mismo escenario de la LGE en la Cámara de Diputados, o sea de rodillas ante la derecha", explica el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro (PS), que además califica la medida como un "tongo, porque pretender resolver en una ley lo que no resuelve la ley orgánica es sólo ganar tiempo y hacer que las aguas parezcan profundas cuando no lo son".
Por el momento, se espera la entrega de un informe a finales de julio por parte de un equipo de académicos de la Universidad de Chile, que recoge toda la historia que hay sobre la educación pública y que apuntará a las definiciones que hay que tomar en la institucionalidad del tema. Todo, unido a la idea de impulsar un debate ciudadano en las regiones sobre el tema de la educación pública.
El movimiento ciudadano sigue
Pero la compleja pista educacional no se viene sólo en el plano legislativo. Tal como se ha venido anunciando, las movilizaciones sociales, representadas principalmente por los estudiantes y profesores, podrían marcar con fuerza la pauta. Siempre y cuando no se "desinflen" y pierdan impulso.
En el caso de los docentes, la decisión de retomar con más fuerza el movimiento cuando la LGE esté en el Senado se discutirá en una asamblea nacional extraordinaria el próximo viernes. Allí decidirán la forma y vías por las que apostará el magisterio en sus próximas movilizaciones.
En tanto, los pingüinos y los estudiantes universitarios acordaron continuar las protestas. El próximo martes harán una marcha desde la Plaza de Maipú hasta el centro. Y este viernes 27 planean un paro nacional.
Incluso se ha evaluado la posibilidad de resolver el tema a través de un plebiscito, lo que dada la actual Constitución es imposible: las materias de plebiscito no contemplan una consulta nacional para dirimir este tipo de materias, ya que para ello tendría que reformarse la carta fundamental, lo que es aún más improbable.
Los decanos tampoco se quedarán fuera, ya que el Consejo de Decanos de Educación de las Universidades Tradicionales organizará un Congreso por el fortalecimiento de la educación pública entre el 25 y el 27 de agosto, donde participarán académicos como Juan Eduardo García Huidobro, otrora presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de Educación.
El escenario para la LGE
Con respecto a la vilipendiada LGE, la jugada política de La Moneda al impulsar contra viento y marea su aprobación en la Cámara Baja no garantiza necesariamente un triunfo en el Senado, debate que aún no tiene una fecha definida, pero que según Ruiz Esquide "de ninguna manera va a ser antes de un mes", ya que entre otros factores está en paralelo el proyecto que crea la Superintendencia del área y que se debería enviar en estas semanas.
A lo que se suma la intención de parlamentarios del sector oficialista de que esta vez se quite la suma urgencia al proyecto y se discuta con mayor tranquilidad.
Según Jorge Navarrete, analista y panelista del Programa Estado Nacional, "estamos frente a un escenario complejo. La resistencia que tradicionalmente ha ejercido el Senado a los proyectos del gobierno, es superior a lo que se observa en la Cámara. Muchos de los parlamentarios que no concurrieron al acuerdo, y algunos de los que sí lo hicieron, intentarán reponer sus puntos de vista en esta segunda instancia legislativa. Con todo, el proyecto se aprobará por un margen estrecho, en medio de fuertes presiones y polémicas, y con un alto costo político para el gobierno y su coalición".
Porque a ojos del columnista, el extenso lobby gubernamental desplegado para impulsar la LGE "mostró la peor cara de una coalición cuyo proceso de deterioro se escenificó, esta vez, en la disparidad de propósitos frente una materia tan importante como la educación" y que además, habría evidenciado que la relación entre el gobierno y sus parlamentarios es cada vez más difícil y tormentosa.
"El sólo hecho de que haya sido la propia Presidenta quien comandara la presión para aprobar el proyecto, da cuenta de un comité político con escasa influencia sobre los legisladores oficialistas", acota Navarrete.
Y concluye que a raíz de la fuerte contradicción que debió enfrentar el oficialismo, que por una parte quiso borrar con el codo lo que entusiastamente había firmado hace unos meses, y por otra conciliarlo con el constante llamado a la política de los acuerdos y al cumplimiento de los compromisos electorales por parte del líder aliancista Sebastián Piñera, arriesgó "su capital político más importante: su credibilidad y capacidad de gobernar".
