Esta medida, explicó la ONG, implicó que el término de la caza científica no será sometido a consideración de la Comisión Ballenera Internacional durante la sesión de este año, así como tampoco lo será la reanudación de la caza comercial buscada por Japón.
La ONG internacional de conservación Oceana lamentó que durante 60° reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) no se adopte ninguna medida que implique el término de la llamada caza científica, en virtud de la cual países como Japón, Islandia y Noruega están autorizados a matar a más de 1400 ballenas anualmente.
Esta situación se produjo, señaló la entidad, luego que la CBI decidiera no someter a votación aquellas materias que causaban más controversia y establecer, en cambio, un nuevo mecanismo de toma de decisiones por consenso, creando un grupo de trabajo que funcionará entre las sesiones anuales de la Comisión con el objeto de negociar estos asuntos, desarrollar propuestas y destrabar las decisiones que son rechazadas año a año.
Esta medida implicó que el término de la caza científica no será sometido a consideración de la CBI durante la sesión de este año, así como tampoco lo será la reanudación de la caza comercial buscada por Japón. Además, esta medida podría significar que propuestas como la creación de santuarios balleneros, tanto en el Atlántico Sur como en el Pacífico Sur, no sean presentadas a votación debido a que requieren un quórum de 75% para su aprobación.
"Nos decepciona ver cómo la CBI no ha sido capaz de avanzar en la adopción de medidas más efectivas para la conservación de las distintas especies de ballenas que están amenazadas por la acción humana. No es posible que Japón y los pocos países balleneros existentes logren doblegar la voluntad de la mayoría de Estados miembros de la Comisión que sí están por proteger a los cetáceos", señaló al respecto Alex Muñoz, Director Ejecutivo de Oceana.
Asimismo, Oceana expresó su optimismo frente a lo que puedan realizar los países para proteger a las ballenas en sus aguas y el desarrollo de actividades económicas que no representen una amenaza para los cetáceos.
