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Investigaciones aún no se pronuncia por nexos de detectives con narcos

Se espera que la policía civil se pronuncie cuanto antes sobre la vinculación de funcionarios de la Fuerza de Tarea Sur con el abogado de la banda de narcotraficantes. Se trataría de tres detectives de la unidad especializada de combate contra drogas en las comunas del sector sur de Santiago Hasta el momento hay involucrados tres Carabineros, un fiscal, un gendarme y tres funcionarios judiciales. En tanto, el fiscal Juan Pablo Buono-Core se encuentra preparando un dossier con escritos para prese


La Policía de Investigaciones no quiso ni confirmar ni desmentir la información aparecida en un diario de circulación nacional, en la que se da cuenta de un nexo entre detectives de una unidad especial de combate contra las drogas y la banda de narcotraficantes Los Cavieres de La Victoria.



Según señala el diario la Tercera, el abogado de Los Cavieres, Ariel Marín, tuvo vínculos con funcionarios de la Fuerza de Tarea Sur, (FTS) de la policía civil, quienes le aportaban antecedentes sobre diligencias y operativos en curso.



Esta unidad especial trabaja fundamentalmente en la desarticulación de organizaciones delictuales y traficantes de drogas en las poblaciones de la zona sur capitalina.



El abogado señaló que hasta antes de ser arrestado mantuvo contacto con detectives de unidades en San Bernardo, San Miguel y Providencia, entre otras.



Este relación le servía para obtener datos como números de patentes de automóviles, verificación de antecedentes de arrestados y sospechosos e informaciones sobre operativos.



Al menos tres serían los efectivos involucrados en estos hechos irregulares, situación que ya estaría en conocimiento del mando de Investigaciones.



Otro de los aprehendidos, el armero Daniel Santader, quien le proporcionaba armas a la banda narco y las inscribía a nombre de Iván Alejandro Cavieres Alarcón, líder de la agrupación delictual, dijo que el subcomisario de la FTS, Luis Durán, era un habitual visitante de su polígono de tiro al igual que otros policías que concurrían a su negocio y le enviaban clientes.



De romance con funcionarias judiciales



En su declaración ante los fiscales Alejandro Peña y Xavier Armendáriz, y al fiscal Nacional subrogante Claudio Roe, el abogado de la banda criminal admitió haber mantenido romances con funcionarias judiciales para obtener información sobre las actividades de algunos fiscales.



Estas mujeres pertenecerían a la Fiscalía de La Florida y serían funcionarias administrativas.



También confesó que poseía una serie de contactos en distintos juzgados de garantía, lugares desde donde obtenía antecedentes que servían a sus clientes.



Además, se señala que otros dos fiscales de la Fiscalía Sur podrían verse implicados en la indagatoria, ya que habrían entregado información sobre causas reservadas al abogado de los narcos.



Harboe y Buono-Core



Por su parte, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo sentirse confiado en que el Ministerio Público terminará muy bien la investigación que está llevando a cabo sobre la vinculación del fiscal Juan Pablo Buono-Core con Los Cavieres.



El funcionario de gobierno dijo que el fiscal le parece muy diligente, ya que en otras investigaciones ha sido "un hombre que ha trabajado bien".



"Tengo un alto concepto del Ministerio Público. Pero hay que esperar que culmine esa investigación", sostuvo el subsecretario.



Buono-Core fue notificado el sábado de que está siendo investigado y que se encuentra suspendido de sus funciones.



Fical prepara dossier para desvincularse de la banda



Tras su suspensión, el fiscal comenzó a prepara un dossier con información para desvincularse totalmente de las acusaciones de Marín.



Este documento que prepara estaría compuesto por una serie de escritos que comprueban que la venta de un automóvil se produjo meses después que Marín revocara el patrocinio y poder en la causa.



Marín habría entregado detalles sobre el intento de Buono-Core de venderle un vehículo, en la cual el abogado de Los Cavieres le habría solicitado el cumplimiento de un "favor judicial" como condición para la compra del automóvil.

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