La decisión del Fiscal Nacional de nombrar al perseguidor penal de Valparaíso, Jorge Abbott, para que tramite una investigación criminal contra tres fiscales de la zona sur por sus vínculos con la banda de narcos, va más allá del buen servicio. Y es que Alejandro Peña fue sancionado recientemente por prácticas antisindicales y fue acusado -aunque los cargos no prosperaron- de intentar golpear a una funcionaria. La idea es que no capitalice su lucha contra el crimen organizado como una forma de m
Una clara señal política fue la que dio el titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, al designar al fiscal regional de Valparaíso Jorge Abbott, para llevar adelante una investigación criminal que busca establecer los supuestos vínculos de tres fiscales de la zona sur con la banda de narcotraficantes y lavadores conocidos como los "Car’e jarro".
Chahuán no eligió a cualquiera. Abbott ha estado encargado desde un principio de la indagatoria contra conspicuos personajes de la Concertación -entre ellos la diputada Laura Soto del PPD- por el uso irregular de los Planes de Generación de Empleos (PGE) para financiar campañas políticas. Y además pertenece a su círculo de mayor confianza.
De esta manera, el Fiscal Nacional dejó sólo la parte que busca establecer responsabilidades administrativas al jefe del Ministerio Público Sur, Alejandro Peña, quien fue sancionado recientemente por conductas antisindicales, toda vez que pesaba también una denuncia en su contra por el intento de golpear a una perseguidora, cargo que fue desechado.
Si bien es cierto la sanción se produjo hace más de un mes, desde ese momento Peña ha realizado operativos con toda la espectacularidad televisiva que requiere la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en Santiago Sur. Y ha tenido un rotundo éxito. Estos aciertos lo han vuelto a instalar como el funcionario que está al pie del cañón en la batalla contra los "malos", dejando de lado ese lunar negro que significó el castigo.
Y es que Peña, un ex relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, siempre ha sabido reinventarse luego de enfrentar problemas que se hacen públicos. Y no han sido pocos en los últimos meses. Uno de ellos es la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó su ex pareja. Peña enfrentó en esa oportunidad una investigación que realizó el entonces fiscal de la Sexta Región, José Luis Pérez Calaf, y salió absuelto.
En la Fiscalía Nacional hay conciencia de ello, como también de las relaciones prácticas e institucionales que Chahuán tiene con Peña y el jefe de la zona oriente, Xavier Armendáriz, otro de los que estuvo liderando los interrogatorios al abogado de los Car’e jarro, Ariel Marín. Este último ha revelado una serie de vínculos que sus defendidos tenían con detectives de la fuerza de tareas sur, carabineros, fiscales y funcionarios de los tribunales de justicia, que han provocado una verdadera razzia ante la sola posibilidad de que el crimen organizado haya infiltrado a las instituciones que lo combaten.
Por eso una de las razones de dejar a Peña fuera de la indagatoria criminal ha sido evitar que cualquier decisión que adoptara fuera leída como una "pasada de cuenta" en contra de funcionarios que eventualmente hubieran apoyado la denuncia por prácticas antisindicales, o bien la de intento de agresión que finalmente no prosperó. Además para que el nombre del Ministerio Público no aparezca vinculado a los narcos.
Otro de los factores que pesó son las constantes publicaciones de los medios en torno a los contenidos de los interrogatorios a Marín, que instalan, dijo una fuente de la Fiscalía Nacional, "la sensación ambiental de que la mafia cooptó y reclutó a los fiscales para sus propósitos delictuales".
De allí que Chahuán, cuando dio a conocer la designación de Abbott, deslizó la frase clave que explica su decisión al señalar que la investigación les permitirá a los fiscales mencionados por el abogado de los narcos, "tener una adecuada defensa". Y es que también se maneja como sospecha que el profesional pudiera estar mintiendo para obtener beneficios procesales.
