El perseguidor de Talcahuano, Andrés Cruz, encendió la mecha, cuando Investigaciones permitió al programa de Chilevisión que grabara un procedimiento contra el crimen organizado. Le siguieron los jefes regionales de Rancagua, Puerto Montt y de Santiago Occidente. Se habló desde farandulización hasta »una fiesta de cumpleaños», para referirse a los procedimientos policiales ante las cámaras, sin informarle al fiscal a cargo.
Molestia hay entre algunos fiscales regionales con los programas que se realizan junto a las policías en los canales Chilevisión (Policías en Acción) y Mega (133), al igual que Contacto de Canal 13, según confidenció a El Mostrador.cl una alta fuente del Ministerio Público.
Básicamente reclaman que existe no sólo descoordinación, sino que en algunos casos sufren del síndrome del marido engañado, ya que son los últimos en enterarse, toda vez que en algunas oportunidades se han alterado los sitios del suceso. El asunto se planteó en el último consejo de fiscales regionales realizado en Antofagasta en julio, donde el jefe nacional Sabas Chahuán tomó nota de la situación.
La luz de alerta la encendió el fiscal especializado en Crimen Organizado, Drogas y Lavado de Activos, Andrés Cruz Carrasco, con jurisdicción en Talcahuano y Hualpén.
De acuerdo a fuentes de la Octava Región, Cruz llegó a la Brigada Antinarcóticos de Concepción y en el lugar se le informó que «Policías en Acción» concurrió a un procedimiento en que desbarató una asociación ilícita para el tráfico de drogas que utilizaba técnicas de blanqueo de capitales con la compra de camiones.
Cruz montó en cólera e informó el hecho a sus superiores, señalando que este tipo de situaciones dejaban a los fiscales ciegos respecto a las imágenes que se obtenían en el sitio del suceso. Según la fuente, al mismo tiempo los traficantes aprendían el uso de estrategias, cómo también a evitar los seguimientos de la policía. Y además los fiscales subordinaban sus argumentos ante el tribunal, ya que sencillamente no tenían ni la menor idea cuándo el programa difundiría lo grabado, quedando incluso diligencias pendientes.
Lo peor, se indicó, es que todo estaba autorizado por la Dirección Nacional de la Policía Civil, y calificaron estos hechos como farandulización de la acción penal. «Policías en Acción» salió al aire gracias a los buenos oficios entre el veterano periodista Marcelo Araya y la Policía Civil. Araya hizo de puente con los detectives pensando en que tendría cabida en el proyecto, pero finalmente el espacio quedó a cargo de Carlos Moena, quien lo produce para la filial chilena de Endemol, la factoría holandesa de programas como el reality Gran Hermano. Este hecho contribuyó a la salida de Araya, que emigró a Mega a fines del año pasado.
Pastito seco
El reclamo hecho por el fiscal Cruz no tardó en extenderse como reguero de pólvora a nivel nacional como una grave alteración a las facultades que la ley les otorga para sostener la acción penal pública.
De ahí para adelante, las palabras corrieron con dureza, aunque en privado. Fuentes del Ministerio Público de Puerto Montt indicaron a este diario que el fiscal Regional Alberto Ayala, dijo que le parecía «impresentable» que sucedieran situaciones como estas, ya que el perseguidor es amo y señor de su investigación, y que éste último debe entregar la autorización.
Según la misma fuente, Ayala propuso oficiar a Investigaciones haciendo presente la molestia, incluso aplicarles el Código Procesal Penal, lo que provocaría un divorcio con las instituciones policiales. Ayala, según algunos de sus cercanos, explicó que el trabajo de la fiscalía se desperfilaba con programas como estos.
La Sexta Región tampoco estuvo fuera de la polémica. Un fiscal adjunto consultado por este diario explicó que el perseguidor regional, Roberto Díaz, tuvo la idea de oficiar a la Dirección Nacional de Carabineros para que cualquier programa que desee participar de los operativos tenga previa autorización del fiscal.
Una de sus quejas, dijo el fiscal, apuntaban a los mismos programas, pero también a Contacto de Canal 13, principalmente en un caso de ciber-acoso infantil, donde el fiscal tampoco supo nada. Fuentes de la estación católica confirmaron este problema y reconocieron que ingresaron al sitio del suceso, y más aún, se manifestaron molestos con la autoridad, porque la noticia apareció primero en otro medio.
El paseíto
Uno de los problemas que también preocupa a los perseguidores es que en estos programas los imputados son mostrados por completo en los procedimientos e incluso se ha llegado al absurdo de observar a policías abofeteando a narcotraficantes, cuando estos están en el piso ya reducidos.
En materia judicial, esta situación, de acuerdo a la fuente, va contra el principio de presunción de inocencia así como también contra los parámetros que impone la política comunicacional del Ministerio Público.
La polémica llegó pronto a Santiago, dijo una fuente de la Fiscalía Regional Oriente. En esta repartición las expresiones llegaron a decir que para los policías era una fiesta de cumpleaños cuando hacían los operativos con la televisión.
Otra fuente que tuvo conocimiento de los hechos, explicó que la abogada Sandra Toro, asesora del fiscal regional Xavier Armendáriz, propuso recordar a los organismos auxiliares cuál era su labor y que no traspasaran sus atribuciones.
También en la capital, no estuvo ausente del debate la jefa de la regional Occidente -asumida sólo hace algunos meses-, Solange Huerta. La funcionaria, de acuerdo a una fuente que tuvo conocimiento de sus dichos, coincidió con la idea de oficiar a la policía, reconociendo que en las regiones el problema es mayor que en Santiago.
Los programas de policía, como también Contacto, tienen un alto rating. Sin embargo, no han estado, al menos los dos primeros, ajenos a problemas legales, ya que distintas personas que se han sentido afectadas en sus derechos y han presentado recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En todo caso, ninguno ha prosperado hasta ahora.
El Consejo Nacional de Televisión sancionó en junio al programa «133, Atrapados por la Realidad», al considerar que en el capítulo exhibido el 11 de marzo de este año se mostraba de manera «truculenta» a un hombre desangrándose en el piso, lo que contraviene el Articulo 3º de las Normas Generales sobre Contenidos de Emisiones Televisivas. Mega debió pagar una multa de 20 UTM por el episodio.
Las policías defienden su actuar. Fuentes institucionales de Carabineros e Investigaciones, que prefieran no hablar públicamente, sostienen que sus relaciones con el Ministerio Público gozan de buena salud y descartan los problemas y que, si los ha habido, estos son menores.
El tema, que debía ser tratado en la última reunión de asesores de prensa a nivel nacional, finalmente no fue abordado. Lo concreto hasta ahora es que esta polémica y sus alcances se tratarán en la próxima reunión de fiscales regionales que se realizará en septiembre.
