Para inspeccionar las condiciones del sistema penitenciario chileno, llegó al país el miércoles pasado el relator para personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), el salvadoreño Florentín Meléndez.
El director general de Gendarmería, Alejandro Jiménez, descartó este domingo que se practiquen torturas y malos tratos en las cárceles del país, como han denunciado recientemente algunos informes.
«No hay tortura y nunca ha habido tortura como tal», dijo el funcionario en referencia a informes del Poder Judicial y de una universidad privada, entre otros, que denuncian la existencia de esa práctica en las prisiones.
Jiménez insistió en que la política de la Gendarmería no es la tortura ni los malos tratos, aunque reconoció que hay sujetos que se sobrepasan, se desquician y han agredido en alguna ocasión a los internos, pero de inmediato han sido sancionados.
Según un documento de la Corte Suprema emitido hace una semana, el hacinamiento, fallas estructurales, escasez de agua potable, largos períodos de encierro de los reos y malos tratos son algunos de los problemas que se registran en los recintos penitenciarios.
La población reclusa en las cárceles a fines de 2007 sumaba más de 90.000 personas, más del doble de la capacidad del sistema, según el ministerio de Justicia.
Para inspeccionar las condiciones del sistema penitenciario chileno, llegó al país el miércoles pasado el relator para personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), el salvadoreño Florentín Meléndez.
El funcionario, invitado a Chile por la presidenta Michelle Bachelet, comentó que su visita es «puntual y dirigida básicamente a supervisar cómo está evolucionando el sistema penitenciario en el país».
El objetivo es constatar «las preocupaciones que distintos sectores nos han expresado de lo que está pasando en las cárceles chilenas», agregó.
Entre ellas mencionó el uso abusivo de la fuerza al interior de los penales y algunos casos de tortura que, según dijo, habrá que corroborar, así como otros de violencia entre los reclusos, lo que a su juicio puede estar demostrando alguna falla en los sistemas de seguridad interna.
«Todo esto son denuncias e informaciones que han llegado (a la CIDH), que queremos corroborarlas no con el objeto de plantear ninguna denuncia», precisó el relator, que una vez terminada su misión deberá emitir un informe con recomendaciones al Gobierno.
EFE
