El documento contó con 56 votos en contra y 44 a favor, imponiéndose la posición de la Alianza y de algunos legisladores del oficialismo que consideran insuficientes las conclusiones respecto de las responsabilidades políticas en las irregularidades y pérdidas de EFE. Tras un extenso debate, los parlamentarios del bloque opositor argumentaron que votaban en contra principalmente por la ausencia del nombre del ex presidente Ricardo Lagos como uno de los responsables de la crisis. [Actualizada]
La Cámara de Diputados rechazó este martes el informe de la comisión investigadora sobre las responsabilidades políticas en torno a las irregularidades y pérdidas registradas al interior de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
El documento contó con 44 votos a favor, 56 en contra y una abstención.
Las propuestas establecidas por la Comisión Investigadora señalaban que es fundamental para el Estado de Chile que las nuevas inversiones que se realicen en la empresa estatal se hagan en armonía con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de EFE, que establece que el Gobierno no podrá obligar a la firma a proporcionarle servicio alguno sin la debida compensación económica, la que estará sujeta al régimen general de tarifas vigentes en la Empresa, sin privilegio especial alguno.
«Todo lo anterior en el entendido que la futura propuesta del Ejecutivo de subsidiar el transporte capitalino (Transantiago) debe necesariamente abordar una financiación legal permanente del transporte ferroviario en la zona sur del país, como una manera efectiva y eficiente de asegurar una ‘debida compensación económica’ pagada por el Gobierno», añadía el documento.
Asimismo, la Comisión Investigadora apelaba a la seriedad al minuto de efectuar denuncias, solicitar investigaciones e informar a la opinión pública. «En efecto, no es serio, responsable ni prudente, plantear ante la opinión pública y dejar establecido como un hecho de la causa, que se hayan perdido más de mil millones de dólares, porque efectivamente no es posible negar lo realizado en Merval, la reparación de vías, los contratos de operación y contención de vías, las inversiones en señalización y gestión del tráfico ferroviario y las obras de seguridad».
Otra cosa distinta, aseguraba el informe, es determinar la oportunidad y eficacia de esas inversiones, y dejar actuar a los organismos fiscalizadores y a la justicia en el evento de que se hayan cometido ilícitos que atenten contra el patrimonio de la empresa y del país. «Insistir en la pérdida de sumas tan altas de dinero significa actuar con demasiada liviandad e hipotecar el futuro de la empresa frente a la comunidad».
Agregaba el texto rechazado que «lo que es real, condenable y merece la máxima sanción legal, es la actuación de determinados funcionarios que han provocado un daño enorme a la fe pública, a la empresa y al país».
Además, se recalcaba que «el país debe entender que EFE es una empresa cuya función principal es dar servicios de transportes de pasajeros y no de planificar el desarrollo ferroviario de Chile, que es una función que debe asumir el Estado de Chile, junto con la planificación del desarrollo de carreteras, de aeropuertos y puertos».
Por ello, se indicaba que a EFE se le debe el mismo trato que a otras empresas y servicios públicos, como el Metro de Santiago, en el cual se han invertido más de 5 mil millones de dólares. «EFE no tiene posibilidad alguna de financiar con sus propios recursos la deuda de inversión. Si Chile quiere tener trenes de pasajeros y carga, debe estar dispuesto a invertir en Ferrocarriles».
Modificaciones legales
El informe llamaba al Ejecutivo y al Legislativo a modificar la legislación orgánica de la empresa «que es anacrónica y que, por ejemplo, exige la realización de planes de inversión y desarrollo de no más de 3 años, plazo que a todas luces resulta insuficiente considerando la magnitud de las inversiones y la importancia de las políticas de transporte».
Se planteaba que EFE no puede hacerse cargo de todas las externalidades positivas de la materialización de sus proyectos, y que no puede volver a repetirse lo de Merval y Biovías en cuyos casos, la autoridad fomentó y permitió la realización de grandes inversiones por parte de EFE, que generaron externalidades positivas para las ciudades, sin las compensaciones económicas necesarias.
«La necesidad de establecer responsabilidades sobre la delicada situación que sufre actualmente la empresa, no se agota únicamente en el plan trienal 2003 – 2005. Sin perjuicio de los grandes desórdenes, las irregularidades y los eventuales delitos que puedan atribuírseles a los directivos y gerentes de la empresa, EFE inició un plan de desarrollo institucional, que ha llevado a proveer servicios de gran calidad como los prestados por Merval, Metrotren y Terrasur. El mayor mérito de estos proyectos es que han demostrado que con una política seria y las inversiones adecuadas, se pueden prestar buenos servicios», decía el documento.
Por último la Comisión Investigadora proponía que el Estado iniciara un proceso de debate serio y responsable, con todos los actores e intereses involucrados, de modo de discutir en torno a la construcción de una política de transporte que incorpore al ferrocarril en el rango de un país que se desarrolla y consolida.
Reacciones
El diputado del PS Alfonso Urresti lamentó el rechazo del informe, considerando que la comisión «hace unas investigación desde el punto de vista de la responsabilidad política y pone los antecedentes juduciales y penales a disposición de la Fiscalía, y creo que la comisión, mayoritariamente, y en eso nos diferenciamos con la Alianza, lo que estamos pidiendo es que se reponga el servicio ferroviario».
«En Chile no podemos permitir que por la mala gestión de unos ejecutivos que hoy día están en la justicia, se ponga en cuestión el sistema de transportes».
En tanto, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) considera que el informe de la comisión es sólo una «maniobra política» que estaba ocultando hechos evidentes, como que EFE pierde al día 140 millones de pesos.
El legislador indicó que el documento rechazado en la sala «lo que más dice es que hay una aparente negligencia por parte de los ejecutivos de la empresa, en circunstancias que la verdad es muy distinta. La verdad es que la empresa pierde al día 140 millones de pesos, los trenes no existen y la deuda de EFE supera los 1.200 millones de dólares».
«La administración del ex presidente Lagos es la responsable de que hoy día el tren no exista», y consideró que el rechazo del informe demuestra que «esta Cámara todavía quiere la verdad y no queremos blindar a nadie y menos ocultar las reponsabilidades».
