Tal como lo había adelantado el martes tras la confirmación del fallo del TC que impugnó el millonario préstamo del BID, La Moneda resolvió acelerar la tramitación de la iniciativa que subsidia el transporte público de Santiago y regiones. De esta forma, el Senado tendrá sólo tres días para zanjar el destino del proyecto, que de ser adverso, obligará al Ejecutivo a utilizar los recursos que constitucionalmente están destinados a calamidades públicas.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, anunció este miércoles que el Gobierno decidió cambiar la velocidad legislativa al proyecto que busca el financiamiento al Transantiago y al transporte público en regiones.
La medida surge como respuesta al duro revés que significó para La Moneda el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual acogió el requerimiento presentado por 16 legisladores de la Alianza por Chile en contra del préstamo de 400 millones de dólares que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Transantiago.
De esta forma, la iniciativa -que se encuentra en el Senado- pasará de suma urgencia, que involucra 10 días de discusión- a discusión inmediata que acorta a sólo tres días el trámite legislativo.
En ese sentido, el jefe de gabinete admitió que de rechazarse la iniciativa, se recurrirá al 2,0 por ciento del presupuesto de la Nación destinado para calamidades públicas.
«Hay que garantizar que los recursos para el Transantiago están asegurados. Si el Senado persiste y la derecha persiste en su actitud obstruccionista, nos veremos obligados a usar el 2% constitucional», sostuvo el secretario de Estado.
«Espero que todavía haya la posibilidad de que el Senado reconsidere y cambie de actitud (…) Si esto no cambia, vamos a usar el 2% y una vez que ya estén estabilizados los recursos para el Transantiago veremos exactamente qué es lo que hay que hacer (…) para asegurar un transporte público eficiente y barato», enfatizó.
Esta posición fue confirmada esta mañana por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien aseguró que ante un eventual rechazo en el Senado al proyecto de ley que subsidia al Transantiago, el Gobierno se verá forzado a recurrir a dichos recursos para conseguir el financiamiento del sistema.
«Yo creo que casi no queda otra opción. La norma constitucional es muy clara: dice que se puede utilizar cuando falten recursos para el normal funcionamiento de necesidad pública y todas las veces que en la historia de Chile se ha usado este mecanismo ha habido algunas de las causales que establece la Constitución y, en general, se ha usado para financiar el sistema público de transporte de la capital», explicó el secretario de Estado en conversación con la radio ADN
En esa línea, Viera-Gallo afirmó que parte de los dineros correspondientes a un préstamo de US$ 400 millones otorgado por el BID para financiar el Transantiago «ya se han gastado», por lo que se genera un problema para la devolución de los recursos agravado por el hecho de que el contrato establece un período de moratoria para el pago del empréstito.
«Una parte del crédito ya fue gastado. Habrá que ver cómo se hace ya que el propio contrato establecía una moratoria en la devolución de las platas, entonces ya es un problema de interpretación y que se pongan de acuerdo los abogados de ambas partes para ver cómo se soluciona, pero es obvio de que si Chile ha pedido un préstamo y el Tribunal Constitucional declara que no tiene fundamento jurídico nosotros tenemos que honrar nuestra palabra y devolver ese dinero», puntualizó.
El ministro agregó que hace algunas semanas atrás se estuvo «al borde» de llegar a un acuerdo con la oposición para aprobar los recursos para el Transantiago, pero quedó en nada debido a que intervino «el factor electoral».
«Faltó voluntad política de parte de algunos senadores de la derecha que intervinieron abiertamente para impedir que se firmara el acuerdo que estaba hecho y que tenía como fundamento la asesoría técnica de personas de distintas tendencias que le habían hecho al ministro Cortázar», aseguró agregando que «el problema es que aquí intervino el factor electoral».
