Se trata de Paul Braidot Le Boulenge, funcionario de la subsecretaría de Transportes contratado a honorarios. Su nombramiento se hace efectivo después de versiones de que el jefe jurídico de Transantiago, Manuel Aresti, habría renunciado por disputas con Paola Tapia, titular de la División Legal del ministerio. En la repartición lo negaron diciendo que Aresti "está con licencia". La designación de Braidot se suma a dos jefaturas clave del sistema de transporte capitalino encabezadas por gente si
Hasta unos días Paul Braidot era parte del staff de la subsecretaría de Transportes y en la sección Gobierno Transparente de su página web (donde los ministerios deben indicar los cargos y labores de su personal) todavía figura como asesor jurídico contratado a honorarios en categoría de "experto", la forma utilizada en las reparticiones públicas para tipificar a los funcionarios públicos que no tienen título profesional.
Egresado del colegio San Ignacio de El Bosque en 1991, Braidot estudió Derecho pero todavía no ha dado su examen de grado para obtener el título de abogado, cuestión exigida regularmente a los profesionales de planta y a contrata que mantienen cargos de jefatura y coordinación en los servicios públicos. Ex funcionario de Contraloría, donde se desempeñó entre febrero de 1999 y abril de 2004, de allí Braidot pasó a trabajar al Ministerio de Transportes y recientemente fue nombrado coordinador del área jurídica de la oficina de Transantiago de esa cartera.
Supuestos roces
La designación de Braidot se hace efectiva en el mismo período en que Manuel Aresti Durban, abogado y jefe del área jurídica de Transantiago, presentó "una licencia médica", aseguran en el Ministerio, en medio de versiones de al menos cinco fuentes distintas de la cartera que dirige René Cortázar, de que en realidad habría entregado su renuncia.
De acuerdo a esa información, Aresti Durban tenía entre sus responsabilidades revisar todos los aspectos legales de los procesos de licitación y la coordinación de los abogados que participan en grupos de trabajo de las unidades "Modelo de Negocios" y "Jurídica". Además debía relacionarse directamente con la División Legal de la Subsecretaría de Transportes, dirigida por Paola Tapia y, según algunas fuentes, también "en temas estratégicos como los préstamos del BID y el BancoEstado, cuestionados por el Tribunal Constitucional".
Supuestos roces entre él y Tapia, quien por su cargo superior puede revocar las decisiones del jefe jurídico del Transantiago, habrían sido el detonante de su salida o retiro temporal por enfermedad. Sea cual sea la versión real, las mismas fuentes consultadas por este medio aseguran que ambos mantenían "abiertas diferencias sobre como enfrentar las operaciones para financiar el Transantiago".
Consultado al respecto, el coordinador de Transantiago, Marco Carmach, desmintió que Aresti haya renunciado pero reconoció que el profesional le "ha comentado su interés de presentarla". "Manuel sigue siendo el jefe. Está enfermo y presentó licencia por lo que está haciendo uso de ella. Él no ha presentado su renuncia", dice Carmach.
Respecto a la designación de Braidot, explica que le pidió que "venga a ayudar a reforzar el equipo jurídico como coordinador interno del área jurídica para que se cumplan las tareas encomendadas. Pero él no es jefe del área legal. El jefe es Manuel", insiste. Y reconoce que el funcionario "no está titulado".
Jefes de unidades clave, sin cartón
Con la designación de Braidot como coordinador del área jurídica, ya suman tres las unidades estratégicas de Transantiago encabezadas por gente sin estudios universitarios completos. Los otros dos casos son los de Andrés Silva Hurtado y Pablo Beltrán Correa, hombres clave en la puesta en marcha y funcionamiento del cuestionado sistema de transporte urbano, en lo relativo al Administrador Financiero de Transantiago (AFT), el primero, y en el diseño y coordinación de la ejecución del plan de transportes, el segundo. Ninguno de los dos tiene título, cuestión confirmada a El Mostrador.cl por Cormach, quien explicó que están "reforzando todas las áreas y unidades" de esa repartición.
Silva Hurtado estudió ingeniería pero no terminó la carrera. Pese a ello estuvo a cargo de una misión de alto vuelo técnico: asesorar al coordinador de Transantiago "en el proceso de licitación" del AFT "desde el punto de vista financiero y regulatorio", según se lee en el apartado de Gobierno Transparente. Silva también cumplió el rol de apoyo "en el proceso de implementación del AFT". Figura contratado a honorarios del área Transantiago como "experto".
En el caso de Pablo Beltrán Correa, este es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, grado académico otorgado a estudiantes que han completado cuatro años de formación universitaria, que en ciertas casas de estudio equivale al título de Ingeniero. De acuerdo a la misma sección de Gobierno Transparente Beltrán Correa "está encargado del desarrollo de diseños, procedimientos, programas, contratos y términos de referencia de carácter técnico para la presentación de Proyectos necesarios para dar cumplimiento al Plan de Transporte Urbano de Santiago, conforme lo asignado a Transantiago". Entre sus tareas Beltrán Correa también debe "generar una estrategia administrativa y de coordinación con el resto de los organismos públicos", que haga factible la ejecución del Plan en los términos y plazos establecidos, y "diseñar y preparar la licitación de una asesoría técnica para Transantiago". Otra de sus responsabilidades es subrogar al coordinador general de Transportes de Santiago.
En todos estos casos hay un factor en común: como los funcionarios no tienen título, son contratados sin concurso de forma directa en categoría de "expertos" a honorarios. Así no se hace necesario enviar sus antecedentes curriculares a Toma de Razón de la Contraloría, como sí ocurre con el personal a contrata y de planta. A esto Carmach responde que "en su oportunidad Contraloría nos pidió los antecedentes de cómo se acreditaba la categoría de expertos y fueron enviados".
El tema provoca fuerte molestia al interior de la cartera. Como la oficina de Transantiago no tiene rango de servicio "no tiene sustento institucional o jurídicamente no existe", explica un ex funcionario de esa repartición, que añade que esta "tierra de nadie" ha sido una de las razones para que funcionarios a contrata del ministerio expresen su disgusto por cumplir con requisitos que luego no le son exigidos a los "expertos". Expertos que en muchos casos cumplen labores similares y pueden ganar mayores sueldos que ellos.
No es primera vez que el puesto de jefe del área jurídica de Transantiago está en el centro de la polémica. Tomás Monsalve Manríquez, el predecesor de Manuel Aresti en la jefatura jurídica, salió del cargo debido a que trabajaba en labores particulares, un caso similar al del experto en informática del Registro Civil Andrés Contardo Santibáñez, quien hacía asesorías en paralelo para Tata Consultancy, empresa que ganó una licitación del Registro Civil. Al poco tiempo, Monsalve Manríquez figuraba como asesor de la empresa de buses Metropolitana, de propiedad de Manuel Navarrete.
Monsalve, sin embargo, aclaró que el cargo de jefe jurídico de Transantiago no era incompatible con el ejercicio de la profesión y que su salida «se debió a una solicitud del Coordinador de la época, Fernando Promis, por haber asumido la defensa de una empresa del rubro farmacéutico frente a una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)».
Asimismo, precisó que durante esa época y el período inmediatamente posterior nunca prestó servicios para alguna entidad vinculada al Plan Transantiago, «ni tampoco participé en proceso de licitación vinculadas a empresas prestadoras de servicios de transporte del Transantiago».
«Efectivamente, transcurridos los seis meses procedentes de inhabilidad, presté servicios profesionales a empresas vinculadas a Manuel Navarrete, lo que no vulnera ninguna disposición. Mi contrato con Transantiago terminó el 31 de octubre de 2006 y comencé a prestar los servicios mencionados el 2 de mayo de 2007», sostuvo.
