El resultado de la votación fue celebrado por miembros de los sindicatos aeronáuticos, que siguieron el debate a las puertas del Congreso.
El Parlamento argentino aprobó este miércoles una ley que autoriza al Estado a comprar Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans en medio de acusaciones de la oposición por la millonaria deuda de la compañía y la incertidumbre sobre el precio que se pagará.
La iniciativa gubernamental de «rescate» de la línea aérea de bandera, que ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Diputados, fue aprobada por el Senado con 46 votos a favor y 21 en contra, tras una maratoniana sesión en la que el oficialismo hizo pesar su mayoría.
La ley convalida el compromiso del Estado de comprar a Marsans el 94,41 por ciento de Aerolíneas y del 97 por ciento de su subsidiaria de cabotaje Austral, a un valor que aún deben determinar los organismos públicos de tasación y que tendrá que aprobar en una segunda instancia el propio Parlamento.
El resultado de la votación fue celebrado por miembros de los sindicatos aeronáuticos, que siguieron el debate a las puertas del Congreso.
Marsans y el Gobierno argentino acordaron la transferencia accionarial el pasado 17 de julio, mediante la suscripción de un acta que puso en marcha una comisión de transición encabezada por un funcionario estatal que desde entonces está al frente de la línea aérea.
Desde la firma de ese acuerdo, cuya validez quedó excluida del proyecto de ley inicial girado al Parlamento por el Gobierno, el Estado ha desembolsado 309 millones de pesos (100,9 millones de dólares) para mantener operativas Aerolíneas y Austral, que emplean a unas 9.000 personas y concentran el 80 por ciento de los vuelos domésticos en Argentina.
La sesión de este miércoles en el Senado registró varios cruces de acusaciones entre el oficialismo y la oposición por las causas que llevaron a la compañía aérea a una situación financiera y operativa al límite de sus posibilidades de subsistencia.
El presidente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), el senador Gerardo Morales, afirmó que «el Estado argentino no controló» a Marsans, dueño de Aerolíneas desde 2001, «especialmente el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que hace cinco años está en funciones».
«Teníamos que haber mandado la empresa a la quiebra o crear una nueva empresa», dijo Morales, quien ya había formulado esta propuesta previamente para evitar que el Estado argentino se haga cargo de una empresa que, según admitió el propio Marsans, tiene patrimonio neto negativo, con deudas por 890 millones de dólares y activos por 720 millones de dólares.
El oficialismo rechazó la posibilidad de una quiebra y la creación de una empresa «limpia de deudas» bajo el supuesto que la constitución de una nueva compañía demandaría varios meses para estar operativa, lo que dejaría al país «incomunicado».
La oposición cuestionó también el sistema acordado por Marsans y el Gobierno argentino para valuar la compañía en base a flujos futuros de fondos de Aerolíneas.
El precio de las acciones será determinado por el Tribunal de Tasación de Argentina en base a la evaluación financiera de la compañía que realice la Auditoría General de la Nación, que adelantó que podría demorarse dos meses para hacer ese trabajo, porque aún ni siquiera cuenta con un balance definitivo de los estados contables de 2007 de Aerolíneas.
Marsans advirtió que solo aceptará el precio que fije el Tribunal de Tasación si coincide con la valoración del Credit Suisse, contratada por el grupo español como consultor externo.
En caso de un rechazo de parte de Marsans, el Gobierno argentino no descarta llegar a la instancia de expropiación de activos, aunque ello requeriría de un visto bueno parlamentario.
El director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, dijo este lunes que, en caso de expropiación, el grupo demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI, tribunal que depende del Banco Mundial) si se siente «mermado» en sus «derechos fundamentales».
La salida de la «expropiación» fue reclamada este miércoles en el debate parlamentario por el senador socialista Rubén Giustiniani, que propuso «no pagar un peso» a Marsans por Aerolíneas, que tiene más de la mitad de su flota averiada.
El senador oficialista Fabián Ríos se mostró cauteloso ante la posibilidad de una expropiación, pues afirmó que Aerolíneas «es un cascarón con aeronaves alquiladas en el exterior con lo cual habrá que analizar qué es lo que se expropia».
EFE
