Los colectivos de Derechos Humanos esperan hace un año revertir la propuesta de Michelle Bachelet de convertir el ex recinto de represión de la DINA en la sede del futuro Instituto de DD.HH. El trámite está entrampado entre la Presidencia y el Ministerio de Bienes Nacionales. Mientras tanto, el emblemático inmueble literalmente se cae a pedazos.
A mediados de agosto un muro interno del emblemático ex centro de detención y tortura ubicado en Londres 38 -denominado "Yucatán" por los servicios de seguridad del régimen- cedió a la humedad y al deterioro general en que se encuentra, y se derrumbó.
Seis días después, integrantes de los colectivos de Derechos Humanos que durante años han estado pendientes de su destino, y que en 2005 lograron que fuera convertido en Monumento Nacional, vieron con impotencia que la construcción seguía en las mismas condiciones.
Y si bien las reparaciones están fijadas por la Seremi de Bienes Nacionales para el mes de septiembre, éstas se centrarán sólo en la pared y no en un mantenimiento general del inmueble que vio pasar casi mil detenidos entre noviembre de 1973 y septiembre 1974, 96 de los cuales fueron ejecutados, murieron a causa de las torturas o están actualmente desaparecidos.
Esto, a pesar de que un informe técnico emitido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en noviembre pasado,
certifica un deterioro general en los revestimientos por falta de mantención, en los muros y el cielo del costado norte por filtraciones, un daño importante en los techos y revestimientos en la zona sur poniente y concluye que "las instalaciones en general se encuentran en mal estado".
Además de los claros signos de abandono, la otra arista que marca a la otrora sede del Partido Socialista, es la pelea que mantienen los colectivos respecto al fin que se le dará al inmueble. Los tres grupos –Londres 38 Colectivo de Familiares y Compañeros de los 119 y Memoria 119-, no comparten el destino anunciado en agosto de 2007 por la Presidenta Michelle Bachelet de convertir la casa en la sede del futuro Instituto de Derechos Humanos.
Aunque nunca estuvieron de acuerdo, el actual escenario los hace reafirmar su postura: inicialmente se auguraba que el organismo entraría en funcionamiento el primer semestre de este año, pero la iniciativa está estancada porque las organizaciones de Derechos Humanos rechazan las negociaciones del Gobierno con la oposición que terminaron quitándole la atribución de hacerse parte en las causas judiciales.
Los cercanos a Londres 38 no quieren que la férrea lucha que han liderado por rescatar la casona se reduzca a la construcción de una "oficina". Sobre todo porque gracias a su iniciativa el lugar finalmente regresó a manos del Estado en noviembre del año pasado. Y son ellos los que periódicamente realizan actividades dentro y fuera del recinto, impulsando incluso la creación de una intervención conmemorativa en la calle, que está ad portas de inaugurarse.
Por eso solicitaron formalmente a la Mandataria que descartara la idea y le diera otro rumbo al ex Instituto O’Higginiano. Y si bien es cierto que cada colectivo tiene una propuesta distinta, el factor que los une es la necesidad de mantener viva la memoria. Lo que consideran inviable si el lugar se convierte en una sede administrativa, por mucho que se deje sitio para un pequeño museo como les han adelantado.
"Creo que esa decisión es insostenible: todavía ni siquiera existe el instituto y tiene para rato", asegura la presidenta del colectivo Londres 38, Gloria Elgueta,
Pedido por la Presidenta
El nexo que Elgueta tiene con la construcción de estilo neoclásico es muy fuerte. Sus dos hermanos pasaron por el lugar, y uno de ellos forma parte de las listas de detenidos desaparecidos. También se siente ligada políticamente, ya que al igual que Martín y Raimundo, ella también militó en el MIR.
Para ella y el colectivo "los usos y destinos de este tipo de sitios no deberían ser definidos entre 4 paredes, sino en un plano más amplio de participación de distintos sectores". Y no sólo se refiere a los colectivos, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso, su agrupación ha planteado construir un espacio de memoria "que permita realizar distintos tipos de actividades que se relacionen con la historia y el pasado y la vinculen con el presente. Una suerte de centro de interpretación", explica.
Por ello el 31 de agosto de 2007 llegó a manos de la Presidencia una carta que además de incluir antecedentes, firmas y propuestas, solicitaba formalmente "se reconsidere la decisión adoptada por su Gobierno en relación al destino y uso del recinto de detención, tortura y exterminio conocido como Londres 38", fundamentando que el sitio ya había sido objeto de diversas formas de ocultamiento o "borradura", como el cambio de número que sufrió -de 38 a 40- cuando pasó a manos del Instituto O’Higginiano en 1978. O la negación dada ese mismo año ante tribunales de cualquier vínculo por parte del Estado y los organismos de seguridad con el inmueble durante agosto de 1974.
Tres días después, desde el gabinete presidencial se acusó recibo de la misiva explicando que se había solicitado al gabinete de la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, el análisis de los antecedentes remitidos "como asimismo, otorgarle una respuesta directa en el marco de sus atribuciones y facultades".
Respuesta que abrió una serie de dudas, ya que la propia titular de dicha cartera había declarado públicamente que la única facultada para cambiar de parecer sobre la instalación del Instituto de Derechos Humanos en el lugar era la Presidenta, no ella.
Incluso, desde Bienes Nacionales se indicó a El Mostrador.cl que no había ninguna información relativa a la derivación que se hizo desde la presidencia, ya que el único nexo de dicha Secretaría de Estado con los colectivos es la petición formal de dos de éstos de la concesión de uso de la casa así como la presentación de un par de proyectos, lo que hicieron luego de enviar la carta a La Moneda.
Pero en vista de que el centro de detención está "pedido" por la Presidenta, las propuestas presentadas en el ministerio de Schmidt en noviembre del año pasado no tienen ninguna posibilidad real de prosperar. Así lo explicó el seremi de Bienes Nacionales, Marco Gálvez, que precisó que en un proyecto estándar la primera respuesta del servicio sobre si es viable o no, se obtiene en un mes. Y en este caso ya ha pasado casi un año.
"Esto pasa porque este no es un inmueble cualquiera y además está paralizado porque hay intencionalidad de la Presidencia. Pero no podemos desconocer el trabajo de grupos afectados por Derechos Humanos, así que la idea es ver cual es el mejor uso para la casa, lo que está en conversaciones", señaló el funcionario.
Mientras tanto, los familiares, amigos y cercanos a Londres 38 deberán esperar a ver qué pasa con el inmueble. Pero temen que el deterioro y el olvido finalmente se apoderen del lugar.
